La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, mantendrá este lunes, a las 10, una reunión clave: se sentará a una misma mesa con el procurador General Jorge García y al defensor General Maximiliano Benítez para abordar una agenda caliente entre la que se destaca la “reubicación de organismo”, que empezó de prepo en agosto último.
Fue cuando el STJ le ordenó al procurador García desalojar las oficinas que ocupa en el primer piso del edificio de Tribunales, en Paraná, y mudar todas las dependencias a su cargo a edificios costeados por la Procuración.
Al final, hubo acuerdo y el plan mudanza se aplazó hasta 2023. Pero sigue en pie. La propia Susana Medina le hizo saber a los integrantes de la Unidad Fiscal de Colón, durante una de las vistas de los supremos a esa ciudad, que antes del 1º de febrero próximo deberá desocupar los tribunales colonenses. La decisión no hizo más que avivar la inquina que desde hace tiempo subsiste entre el STJ y la Procuración. Aunque la decisión del alto cuerpo es pedir que también la Defensoría desocupe el edificio de Tribunales, aunque el Defensor General Maximiliano Benítez no haya opinado públicamente del tema y se mantenga, como siempre, tras bambalinas en el conflicto.
De acuerdo a lo que se indicó desde el Poder Judicial, en el orden del día del encuentro de las máximas cabezas del STJ, la Procuración y la Defensoría estarán la planificación y ejecución presupuestaria, ley de cargos y plan de obra, reubicación de organismos y asistencia técnica a los ministerios, entre otros temas.
Aunque el Procurador General Jorge García evite el tema en forma pública y elija el bajo perfil, el clima de tensión se percibe en Tribunales. La máxima conducción del Poder Judicial avanza en un plan de reorganización del gasto en alquileres y pretende que el Ministerio Público Fiscal libere los espacios que hoy ocupa en los tribunales.
El primer avance se produjo en agosto último: un acuerdo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso que a finales de ese mes el Procurador debía desalojar la oficina que ocupa en el primer piso de los Tribunales de Paraná. Finalmente los tiempos se extendieron, pero la decisión parece tomada, y sería inevitable.
–Hay orden para desalojar las oficinas del Ministerio Público Fiscal en otros lugares de la Provincia, además de Colón -preguntó Entre Ríos Ahora en la Procuración.
-Pareciera. Veremos más adelante. Si nos dan mayor presupuesto, iremos reubicando al Ministerio Púbico Fiscal. Pero uno de los argumentos de la reforma de la Constitución para que los Ministerios Públicos -Fiscal y de la Defensa- sigan perteneciendo al Poder Judicial, además de la lógica de tres poderes de Montesquieu, y que naturalmente integramos el poder fue contar con un manejo racional de las finanzas públicas. Dicho esto ante la ridiculez de querer duplicar todo el gasto con la burocracia administrativa-contable, que tranquilamente puede manejarlo como desde siempre.
No lo ven así desde el Superior, desde donde han iniciado un planteo férreo en agosto último para que la Procuración libere los lugares que ocupa en los Tribunales y así trasladar juzgados que hoy alquilan propiedades.
En el caso de la Fiscalía de Colón, la petición del STJ es que deben desocupar las oficinas que utilizan antes del 1º de febrero de 2023.
El alto cuerpo “dispuso que el Ministerio Público Fiscal desocupe las cinco oficinas con que cuenta en el edificio central de Colón (aproximadamente 71 m2) -sito en calle 12 de Abril Nº 241 antes del 01.02.23. Asimismo, ordenó que en dichos espacios sean reubicados el Juzgado de Paz y el Departamento Médico Forense de la jurisdicción, adoptando dichas medidas en el marco del plan de reubicación de los organismos judiciales que lleva adelante el STJ, y conforme lo informado por la Contaduría General del Poder Judicial en cuanto a que este no cuenta con partida presupuestaria suficiente para afrontar alquileres, situación diferente a la del Ministerio Público Fiscal”.
La Procuración subió a su página web la última declaración del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, que se reunió en San Luis el último jueves 24.
“Con la implementación del sistema acusatorio - adversarial en casi todas las provincias Argentinas, los ministerios publico fiscales han tomado un gran protagonismo y están llamados a cumplir un papel esencial. El orden y la paz social se erigen en valores preponderantes para cualquier sociedad que pretenda una sana convivencia y desarrollo”, dice el documento final de ese cónclave.
Y agrega: “En ese esquema, el rol que asumen los ministerios publico fiscales es fundamental, y su actividad debe estar enmarcada en una situación que asegure su autonomía funcional e independencia presupuestaria como herramientas esenciales para desempeñar correctamente su función. Se necesitan Ministerios Publico Fiscales proactivos que avancen sobre la criminalidad organizada que acucia cada día más a nuestro país, y que puede hacer fracasar a cualquier gobierno, sin distinción de ideologías e identidades partidarias”.
Al respecto, plantean que resulta “necesario que los estados provinciales aseguren bajo estas condiciones el correcto funcionamiento de los Ministerios Públicos, visibilizando que la dependencia funcional y presupuestaria bajo la que se encuentran en algunas provincias, resulta inadmisible e incompatible con las exigencias del cometido que nos impone el sistema acusatorio. En los últimos tiempos hemos asistido al enjuiciamiento de muchos integrantes de los Ministerios Públicos: desde el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, no permitiremos persecuciones por razones ideológicas. Nos pronunciaremos y concurriremos en apoyo cada vez que se intente vulnerar o irrespetar los Ministerios Públicos por cuestiones ajenas a lo jurídico”.
(Entre Ríos Ahora)
