A través del decreto N° 2.388, del 25 de julio de 2022, el Gobierno aprobó todo lo actuado por la Unidad Central de Contrataciones en la Licitación Pública N° 10/22 y adjudicó a la firma Excelcom SA “la adquisición de un data center tipo modular apto para certificación Tier IV conjuntamente con una solución de alta disponibilidad con equipamiento tecnológico para la implementación de un nuevo data center provincial, con destino a la Subsecretaría de Tecnología para la Gestión y las Comunicaciones”.
Pero la empresa se presentó en junio de 2022 ante el Poder Ejecutivo y demandó una propuesta “de pago anticipado a su favor, con basamento en beneficios para la Administración, en razón de la evolución de la cotización del dólar, el atraso del tipo de cambio real y el progresivo aumento de las limitaciones a la importación”, según detalla el decreto N° 2.919, del 30 de agosto pasado.
El Ejecutivo rechazó la pretensión de la empresa con el argumento de que al momento de presentarse a la licitación “aceptó las estipulaciones de los pliegos de condiciones generales y particulares de la Licitación N° 10/22, entre las cuales no hay ninguna norma que habilite el pago adelantado contra la entrega de una caución – póliza de anticipo financiero, además de que ninguno de los pliegos fue objeto de impugnaciones por parte de la firma adjudicatario en cuestión”.
El nombre de la firma Excelcom SA cobró notoriedad durante el juicio que se sustanció en 2018 al extitular del Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), Juan José Canosa.
La Fiscalía acusó a Canosa de haber hecho negocios con sus familiares mientras estuvo al frente de la tarjeta estatal. Se le imputó el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, y a sus familiares y amigos, como partícipes necesarios. En esa calificación quedaron su hermano Carlos Canosa; la suegra de éste, Mirta Gueler; su cuñada Alicia Cuestas; la cuñada de su hermano, María José Cuestas, y el esposo de la cuñada de su hermano, Diego Urba. También, el tío político de Canosa, José Daniel Romero, dueño de JDR Construcciones, quien está casado con la hermana de la madre de Canosa. JDR realizó trabajos de albañilería para la tarjeta provincial en tiempos de la gestión Canosa, que se extendió entre 2009 y 2015.
Juan José Canosa, extitular de Sidecreer, fue condenado en 2018 a la pena de 3 años de cumplimiento condicional, más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por haber beneficiado con contrataciones a familiares y allegados.
En la lectura de la sentencia, el Tribunal resaltó que las tres empresas ligadas a familiares y amigos, Excelcom, Texmer y JDR Construcciones, empezaron a ser proveedoras de Sidecreer cuando Canosa asumió en la presidencia, y que desaparecieron del listado de oferentes cuando abandonó ese puesto. Canosa estuvo al frente de Sidecreer entre 2007 y 2015.
En un fallo unánime firmado por los jueces Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Gustavo Pimentel, se lo condenó a la pena de 3 años de cumplimiento condicional, más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La Fiscalía había pedido 5 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.
El tribunal dio por probado el rango de funcionario público de Canosa mientras estuvo al frente de Sidecreer, una característica que el ahora condenado negó de modo cerrado, y que la empresa, aún cuando está regulada por la legislación comercial privada, es una empresa con base estatal ya que sus dos socios son el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser). En ese caracter, se le pudo achacar el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
El Ministerio Público Fiscal había pedido la pena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva para el expresidente de Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), al considerarlo penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por una serie de contrataciones, 32 en total, con tres empresas, Texmer, Excelcom y JDR Construcciones, todas ligadas a familiares y amigos, durante los años que ejerció la titularidad de la tarjeta oficial, entre 2007 y 2015.
Excelcom, ligada a Diego Urba, amigo personal de Canosa, contrató una sola vez previo a la presidencia del ahora condenado, en 2005, pero a partir de 2008, fue contratado en 16 oportunidades, “y ganó todas las contrataciones para insumos informáticos, reemplazando así a proveedores históricos, a los cuales ni siquiera se los volvió a invitar”, dice el texto de la resolución condenatoria.
E hizo notar que el propio Canosa firmaba las notas de invitación a los proveedores y también ponía su rúbrica en la resolución de adjudicación. Así, siendo presidente pudo beneficiar a parientes y amigos en las contrataciones. “Su relación con esas firmas nunca fue informado al directorio de Sidecreer, para así delegar la tarea de la adjudicación en otro miembro del directorio, lo que no hizo”, destaca la sentencia.
