Jorge Zanabone a la salida de Tribunales. (Foto: ANÁLISIS)
N.B. de ANÁLISIS
El juez Julián Vergara, que subroga en el Juzgado de Garantías N°4 a Mauricio Mayer, evalúa el ofrecimiento de suspensión de juicio a prueba para Jorge Zanabone en la conocida como “causa coimas” o “Urribarri-Cardona Herreros”. El acuerdo entre partes se presentó este jueves en una audiencia a la que asistió el imputado, procedente de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.
Zanabone fue directivo de la empresa Relevamientos Catastrales, contratista del Estado provincial durante las gestiones del exgobernador Sergio Urribarri. Según contó este jueves, es analista en sistemas. Fue imputado por los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro en el expediente que investiga presuntas coimas y que tiene como principales acusados al exgobernador Urribarri y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal le achacaron seis hechos como partícipe necesario bajo la calificación de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, “fraude contra la administración pública” y “cohecho”. Por eso le pidieron una pena de 4 años de prisión en el requerimiento de elevación a juicio de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), un documento que fue elevado a la magistratura (y aguarda la contestación de las partes) poco después que se sobresea en la causa a Urribarri, Cardona Herreros y los coimputados Miguel Ulrich y Carlos Haidar. Esa discusión referente a los sobreseimientos es un capítulo que escaló a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que, con voto dividido, los rechazó. Sin embargo, hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) no dirima la disputa, las controversias sobre el fondo de la investigación fiscal seguirán frenadas.
Ofrecimiento de acuerdo
“Están reunidos todos los requisitos para la suspensión de juicio a prueba”, aclararon al juez que controlará el acuerdo los abogados Alberto Zampayo y Claudio Verón, defensores del imputado. Dijeron que su defendido no tiene antecedentes penales e informaron que la suspensión de juicio a prueba tendrá un plazo de 18 meses, durante los cuales Zanabone deberá fijar y mantener domicilio. Además hará un aporte mensual de $31.675 por el mismo plazo o podrá liquidarlo en un pago único de $540.000, es decir la amortización de la multa por los seis hechos imputados. A eso se sumaría una reparación de $2.111.678,83 que el beneficiado con la probation podrá abonar en 18 cuotas iguales de $117.315.491. “Esta reparación económica es un monto que fue actualizado por el equipo técnico contable de Fiscalía”, acotó el abogado Verón.
El fiscal Badano señaló que la reparación dineraria del daño tiene como destino la Fiscalía de Estado de la provincia, porque la imputación es por delitos contra la administración pública. Indicó que el monto de la multa irá destinado a la institución que la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial sugiera.
Asimismo, el representante del MPF recordó que el año pasado se pidió la probation para Zanabone y fue rechazada por Mayer. Sin embargo, unos meses antes el beneficio había sido otorgado a otros directivos de Relevamientos Catastrales como Miriam Fessia y Guillermo Linares.
“La multa es el máximo fijado en el Código Penal para los seis hechos imputados”, acotó Badano.
Cuando repasó los términos del ofrecimiento, el juez Vergara subrayó que la “reparación del daño” será efectivizada en “la medida de las posibilidades” del imputado. Se refirió de ese modo a los más de 2 millones acordados entre las partes.
El magistrado se tomará unos días para evaluar en detalle el acuerdo y pedirá a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) que fije una nueva fecha para comunicar su decisión sobre el ofrecimiento. Ya se adelantó que en esa instancia Zanabone participará de modo virtual. Si las partes alcanzaron el acuerdo dentro de los términos legales, el juez sólo debería refrendarlo.
