La Justicia Federal procesó a cinco personas por conformar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos de origen delictivo y a la evasión tributaria en el comercio de equinos.
El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, procesó a cinco personas por conformar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos de origen delictivo y a la evasión tributaria en el comercio de equinos. En tanto, una sexta persona fue procesada por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según indicó Seró al programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9 Litoral), las personas imputadas -que explotaban un acopio de caballos en Ibicuy y Gualeguaychú- incurrieron además en maltrato animal.
El total evadido que se investiga no es una cifra menor. Se trata de un monto superior a los 56 millones de pesos. La resolución judicial sostuvo que en las inspecciones impositivas realizadas por AFIP en los establecimientos “El Quebracho” y “El Potrillo”, se detectaron maniobras de evasión tributaria y lavado de activos.
En diálogo con “Cuestión de Fondo” (Canal 9 Litoral), Seró explicó que se trata de una investigación preliminar que inició la fiscalía Federal, en la que se investigó a una organización. Comenzó por una determinada persona y a partir de diversas tareas de campo, intervenciones telefónicas, entre otras medidas, “se fue tejiendo un grupo de personas que formaban parte de una organización”.
De ese modo, sostuvo el juez, se logró establecer la existencia de una organización criminal, “que técnicamente es una asociación ilícita”.
“La asociación ilícita que nos ocupa, tiene varios delitos. En esta organización, uno de los delitos era la evasión. Otro delito era el lavado de activos, es decir, insertar en el mercado financiero un bien para lavarlo y que esté contemplado como un bien blanco. Entra como espurio a la organización criminal, se lava a través de diversas operaciones financieras hasta que -en definitiva- se convierte en un bien blanco inserto en el mercado financiero”, indicó el magistrado.
Además, en relación a los bienes con los que operaban (equinos), se estableció otro delito: ley del maltrato animal. “Para el traslado de los animales utilizaban camiones que tienen una capacidad para 30 equinos, pero los sobrecargaban con muchos equinos más. Hacían recorridos muy extensos y debido a las condiciones en las que viajaban, se producía la mortandad de numerosos caballos. No podían sobrevivir porque estaban amontonados. Incluso, hubo accidentes por vuelcos de camiones en los que murieron muchos animales. También se constató que había mala manutención en todo su pasaje desde que se criaba hasta que se comercializaba: alimentación deficiente, mucho maltrato, poca agua”.
El juez explicó que los compradores adquirían estos animales a un precio inferior, “por no decir vil. Así, la cosificación se extralimitaba”.
La cuestión era lograr comercializar estos animales a cualquier precio y por cualquier medio. “Aquí entra en escena el Senasa, y yo no quiero establecer un perjuicio a la institución SENASA. Había un operador del organismo que se encargaba de confeccionar la documentación ideológicamente falsa para poder comercializar los equinos en dichas condiciones. Esta persona era miembro de la organización y era quien les establecía un salvoconducto para poder comercializar los equinos en dichas condiciones”.
El procesamiento
La Justicia Federal de Concepción del Uruguay dispuso el procesamiento sin prisión preventiva del responsable del acopio, como jefe organizador de la asociación ilícita. También lo procesó por falsedad ideológica de documentos, violación de las leyes de policía sanitaria, maltrato animal, cohecho activo, falsificación de sellos, desobediencia a la autoridad -dado que no cumplió con la manda judicial de cuidar a los caballos que le fueran dejados en depósito tras un allanamiento- y por el delito de lavado de activos agravado.
Además, su hija y uno de sus socios –encargado de parte del transporte de los equinos- fueron procesados como autores de la asociación ilícita en carácter de miembros, en concurso ideal con los delitos de cohecho activo, falsedad ideológica de documentos públicos, violación de leyes de policía sanitaria, maltrato animal, en concurso real con el delito de lavado de activos agravado.
Por otra parte, un veterinario y funcionario de la oficina local del Senasa en Ceibas y quien contribuía a la confección de documentación falsa para el blanqueo de animales y la emisión de distintos documentos para beneficiar a la organización, fue procesado, se indicó en el “Cuestión de Fondo” (Canal 9 Litoral).
Finalmente, otro veterinario que también se desempeñaba en el Senasa fue procesado como autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras constatarse que era quien daba aviso previo de las inspecciones y controles que iban a realizarse.
Ahora, define la Cámara
Los procesados apelaron la decisión judicial, por lo que la Cámara Federal de Paraná será quien resuelva la situación. De ese modo, se podrá confirmar lo que resolvió la Justicia de Concepción del Uruguay o revocar y dejarla sin efecto.
Mientras tanto, la causa continúa. “Nosotros seguimos trabajando, produciendo pruebas y demás. La decisión de la Cámara será fundamental porque implica poder avanzar en el proceso con mayor firmeza, retroceder, o estancarse”.
