Santiago Brugo, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, exfiscal. (Foto: ANÁLISIS)
El vocal del tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, refutó este viernes la apelación al rechazo de probation del imputado Diego Armando Cardona Herreros en la conocida como causa “coimas”.
Según observó ANÁLISIS, el magistrado retomó los argumentos expuestos por las partes el lunes pasado, oportunidad en la cual el defensor José Velázquez cuestionó la decisión de primera instancia del juez de Garantías N°6, Julián Vergara. El abogado dijo que la resolución de primera instancia validó los fundamentos de Fiscalía y no consideró las demandas del imputado. Aseguró que se violó el principio de igualdad ante la ley, porque en la causa sí se concedió suspensión de juicio a prueba para los imputados Miriam Fessia, Jorge Zanabone, Guillermo Linares y Alfonso Campitelli, todos empleados ejecutivos de las empresas que dirigió Cardona Herreros y contrataron con el Estado provincial durante las gestiones urribarristas.
Velázquez agregó que en el caso del empresario paraguayo “hay una cuestión de humanidad” por su situación de salud que debe ser tenida en cuenta y que el imputado ya pagó “una pena natural”.
El Ministerio Público Fiscal, representado por Patricia Yedro y Gonzalo Badano, no consintió en primera instancia el pedido de suspensión de juicio a prueba para el imputado y tampoco lo hizo en la apelación. Los fiscales subrayaron que la decisión de Vergara fue fundada, que no hay una situación comparable entre Cardona Herreros, Zanabone, Fessia, Campitelli y Linares dado que el primero siempre estuvo en una posición superior a los empleados ejecutivos de sus empresas y rechazaron cuestiones humanitarias. Además, retomaron los compromisos del país en los pactos y convenios contra la corrupción.
“Voy a coincidir con Fiscalía”, introdujo este viernes Brugo y rechazó uno a uno los argumentos defensivos. “La resolución apelada fue fundada y explicada al imputado en un lenguaje claro por parte del juez que se tomó casi media hora para eso. No se vulneró el principio de igualdad ante la ley. Tampoco hay una cuestión humanitaria que habilite el instituto por cuestiones de salud”, sintetizó el magistrado y, posteriormente invocó pactos y convenciones internacionales de lucha contra la corrupción.
