La Justicia ordenó este miércoles una serie de allanamientos en la sede de la obra Social del gremio de Empleados Rurales (Osprera) y en las oficinas de la Superintendencia de Salud (SSS), en el marco de la causa que investiga la intervención de esa obra social.
Según saber La Nación de fuentes con acceso al expediente, la Policía Federal llegó a la sede de Osprera, en Reconquista al 600, con la orden de secuestrar documentación vinculada a los contratos con la droguería Suizo Argentino, salpicada por los audios de Diego Spagnuolo.
Esa droguería es una de las principales proveedoras de la obra social de los empleados rurales. La Nación reveló que en los primeros cinco meses de la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo, Osprera emitió órdenes de pago por más de $7700 millones.
El expediente comenzó con una denuncia del secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), José Voytenco, contra sus rivales en el gremio, a los que acusó de haber querido tomar ilegalmente el control. La investigación está a cargo del fiscal Guillermo Marijuán.
La semana pasada, el juez Sebastián Casanello ordenó un análisis de las llamadas entre todos los imputados por la intervención de la Osprera. Al mismo tiempo, Casanello le pidió a las compañías telefónicas que aporten, en un plazo de 24 horas, las llamadas entrantes y salientes hechas entre el 15 de diciembre de 2024 y el 20 de febrero de este año. En ese informe, deberán detallar “las celdas y antenas” que se activaron en cada comunicación para conocer dónde estaban ubicados.
Hace dos semanas, el fiscal Marijuan solicitó la indagatoria del secretario de Trabajo Julio Cordero, del interventor en Osprera, Carlos Petroni, del diputado nacional Pablo Ansaloni (rival de Voytenco en Uatre) y de otras tres personas.
