Cuando la actual gestión asumió en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) halló un sistema paralelo de alertas mediante el cual se realizó el seguimiento ilegal de ingresos y egresos del país de más de 58.000 personalidades de diferentes ámbitos, sin ningún tipo de requerimiento judicial yendo en contra de las normativas vigentes.
Los hechos están plasmados en la denuncia presentada por la actual titular de la DNM, Florencia Carignano, el 22 de octubre pasado en donde se expone que en los registros oficiales fueron hallados seguimientos irregulares.
Según pudo saber ANALISIS, entre los “espiados” se encuentran el gobernador Gustavo Bordet; el actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri; el actual senador nacional Edgardo Kueider (Frente de Todos); el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el actual titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa) y ex intendente de Concordia, Enrique Cresto; la ex diputada nacional Yanina Gayol (PRO), y varios de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
Según pudo saber ANÁLISIS de fuentes judiciales, el presidente del STJ, Martín Carbonell, -quien sería otro de los entrerrianos espiados- “tomó conocimiento (del hecho) a través de la televisión”, y, “de confirmarse esta versión periodística va a evaluar la posibilidad de convertirse en querellante” en la denuncia.
En tanto, Ahora informó que entre los dirigentes espiados están la vicegobernadora Laura Stratta; la ministra de Gobierno Rosario Romero; el ministro de Planeamiento Luis Benedetto; y el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio.
En la presentación judicial se indica que, en la órbita de la DNM, funciona el módulo “SICaM HALCON”, que posibilita la obtención de información del Registro Nacional de Ingresos y Egresos en tiempo real y mediante alertas específicas. Aunque se aclara que “únicamente podrán ingresarse alertas a requerimiento del Poder Judicial, del Ministerio Público, o autoridad administrativa competente, en el marco de sus investigaciones, o en ejercicio de sus competencias debidamente justificadas; y a requerimiento de parte legitimada, en el marco de acuerdos internacionales de cooperación, adecuados a la legislación vigente”.
Pese a la claridad de la norma vigente, cuando la Dirección General de Información, Análisis y Control Migratorio relevó lo actuado durante el gobierno de Mauricio Macri descubrió que “se habrían cargado ‘alertas’ en el módulo ‘SICaM HALCON’ relativas a diferentes personalidades del ámbito artístico, periodístico, político y gremial, que podrían haber implicado una desviación del fin público perseguido por la normativa habilitante sin motivo que lo justifique”, consignó Ámbito.
La denuncia agrega que “diversas cargas históricas efectuadas no contarían con respaldo judicial o administrativo alguno, en tanto otras no se correspondían a una instrucción específica por parte de la autoridad administrativa o judicial interviniente”.
En la denuncia se indica que las alertas tenían cargadas una directiva específica, que era avisar el tránsito de determinados funcionarios, “circunstancia que constituiría un serio indicio de la puesta en funcionamiento de un esquema para la realización de inteligencia prohibida, tras recolectar información de manera indebida en base a los registros migratorios”.
El escrito aclara que si bien en varios casos se contaba con orden judicial de restricción, la Disposición DNM N° 1151 del 22 de junio de 2010, establece “la obligatoriedad de utilización como única base de datos habilitada para la carga, consulta y baja de impedimentos y restricciones migratorias, a la del Registro Nacional de Aptitud Migratoria; por lo tanto, resultaba improcedente la carga simultánea en el sistema Halcón, cuya finalidad difiere de lo requerido en las órdenes judiciales de restricción”.
Además, se considera que dependiendo de quien haya accedido a la mencionada información y de haberse difundido, “se habría producido una grave afectación a la privacidad de las personas cargadas en las ‘alertas’ mencionadas y a la información que administra la Dirección Nacional de Migraciones, que, pese a ser un bien intangible, posee un importante valor”.
Para la sorpresa de los actuales funcionarios de Migraciones, la maniobra de eliminación de las alertas antes de que asuma la actual gestión, “podría considerarse un intento de ocultamiento de los rastros de la mencionada actividad ilícita, que configuraría delitos previstos tanto en el Código Penal, como en la Ley Nacional de Inteligencia N°25.520”.
Según la presentación judicial los hechos que aquí se denuncian encuadrarían “prima facie” en el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y espionaje ilegal, previsto en el artículo 43 ter de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, ambos en concurso ideal, y eventualmente, revelación ilegítima de información, en concurso real. “Todo ello, sin perjuicio de otras calificaciones que pudieran surgir con el curso de la investigación”, señala la denuncia.
Explicaciones
En tanto, funcionarios que se desempeñaron en Migraciones durante el gobierno de Mauricio Macri aclararon que “la normativa por la que, con total claridad y criterio, se otorgaban claves para acceder a registros de movimientos migratorios, era una disposición de la DNM dictada en el año 2010, durante la gestión de la ex presidenta (Cristina) Fernández, que no fue modificada”.
En tal sentido, explicaron que “esa norma establecía que las personas que utilizarían esos accesos (pertenecientes a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, Ministerio Público Federal y Provinciales, Poder Judicial Federal Nacional y Provinciales, Servicio Penitenciario Federal y Provinciales, AFIP, Aduana, entre otros y no sólo a la Policía de CABA), debían ser acreditadas por los superiores jerárquicos de cada repartición y que cada una sería personal e intransferible, otorgadas a agentes públicos identificados con su nombre, DNI y clave personal, siendo cada uno de ellos responsable por búsquedas o suministro indebido de tales datos”.
