Los países acreedores piden que Argentina arregle un programa económico con el FMI como primera alternativa, o que permita avanzar con un artículo IV para que el organismo audite las cuentas nacionales.
A partir de este lunes, el Club de París dio vuelta el reloj de arena. Argentina tiene 60 días de corrido para pagar el vencimiento de US$2400 millones o comenzarán a correr intereses punitorios con una tasa en dólares del 9%, muy superior al 4% que le cobra actualmente el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que el gobierno considera altísima, pese a que el riesgo país está en 1500 puntos básicos (una tasa de financiación de más del 16%).
Para posponer el pago sin gastos adicionales, los líderes de los principales países acreedores le solicitaron al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Martín Guzmán, establecer un programa económico con el FMI. Este plan le permitiría además negociar un nuevo acuerdo con el organismo que habilitaría refinanciar el préstamo de US$44.000 millones, concentrado en los próximos dos años.
Sin embargo, pese a que el Presidente y Guzmán indicaron que esperan “cerrar pronto” un nuevo acuerdo con el Fondo, las diferencias dentro del oficialismo no alientan que pueda haber una negociación antes de las elecciones legislativas. Esta teoría se intensificó en el último mes, luego de que el kirchnerismo duro pidiera de manera pública no pagarles a los organismos de crédito.
“El Club de París pide un programa con el Fondo para una reestructuración holgada; si no hay tal cosa, pide un artículo IV, pero la reestructuración no será tan holgada en esos términos. Si no hay nada, será una negociación muy dura. Si la Argentina busca un acuerdo y no tiene estas condiciones mínimas, no le van a perdonar los intereses”, explica Daniel Marx, director de Quantum Finanzas y exsecretario de Finanzas.
Lo curioso es que, según destacan los analistas económicos, Guzmán tiene resultados fiscales y monetarios interesantes para el FMI, que le permitirían cerrar un pre-acuerdo, o por lo menos avanzar con el famoso artículo IV, que implica que técnicos del Fondo viajen al país y auditen las cuentas nacionales, publicó La Nación.
De hecho, en febrero de 2020, apenas dos meses después de asumir, Guzmán se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Arabia Saudita, en el marco de las reuniones del G-20, y acordaron “iniciar las consultas del ‘Artículo IV’ en el camino a contar oportunamente con un nuevo programa con el organismo”, según un comunicado de prensa que difundió el Palacio de Hacienda en ese entonces. La pandemia pospuso luego los planes, pero la idea inicial ya se había planteado.
Actualmente, a pesar de que el equipo económico busca destacar el “gasto Covid” que lleva realizado (1,3% del PBI, equivalente a $480.000 millones), el déficit fiscal hasta abril fue solo 0,2% del PBI y sin incluir los ingresos de 0,6% del PBI del Aporte Solidario (impuesto a la riqueza), según datos de la consultora 1816. El financiamiento del Banco Central al Tesoro hasta el viernes 21 pasado, en tanto, fue de 0,6% del PBI, mucho menor al 3,9% que había en el mismo periodo de 2020 (cuando fue más dura la cuarentena).
“Para llegar al 4,2% del Presupuesto, el déficit primario mensual debería rondar los $200.000 millones al mes hasta diciembre, lo que luce exagerado, aún con elección. Lo peculiar es que el Gobierno no solo no destaca estos números, sino que incluso a veces trata de ocultarlos, quizás para evitar reclamos internos”, dice el informe.
La consultora EcoGo, que dirige la economista Marina Dal Poggetto, hizo un análisis similar: “El carácter extraordinariamente laxo del ‘nuevo FMI post Trump’, la consolidación fiscal que empieza a darse en los últimos meses como contracara de la aceleración de la inflación (aún con los anuncios de mayores gastos Covid y los intentos de la política porque pase desapercibido el ajuste), el salto en la recaudación de retenciones a estos precios de las commodities y el impuesto a las ‘grandes fortunas’ dan margen para avanzar en algún acuerdo, que paradójicamente el Gobierno no deja de esmerilar”.
En la segunda parte del año, la Argentina además debe pagar US$4500 millones al FMI, en concepto de capital e intereses. Para cancelar esos vencimientos, Guzmán podría utilizar los derechos especiales de giro (DEG), que el mismo Fondo repartirá entre los países. Sin embargo, hay un proyecto de ley diseñado por el kircherismo, que ya tiene media sanción en el Senado, y que impediría al ministro usar ese dinero para cancelar deuda.
Pagar con las reservas del Banco Central tampoco es una alternativa, como hicieron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en el pasado. Por lo tanto, la única solución posible es negociar con los organismos, si un sector del oficialismo lo permite.
