Nuevos especialistas expusieron por la regulación del cannabis industrial

En una nueva reunión informativa, que contó con la participación de más de una docena de especialistas, las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Presupuesto y Hacienda; y Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado continuaron con el tratamiento del proyecto que propone regular la industria y comercialización de cannabis para uso industrial y medicinal, impulsado por el Poder Ejecutivo.

En el arranque del encuentro, el senador Mario Fiad (UCR) pidió no dictaminar este mismo lunes, sino que “nos demos un par de días para consensuar el dictamen final”. “Estamos medios apurados y en el apuro pueden salir cosas que no sean prolijas”, advirtió el jujeño, que agregó que tienen “los tiempos necesarios hasta para poder dictaminar esta semana, si es que esto se quiere tratar la semana que viene en el recinto”.

Conductor del plenario, en su condición de presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, el senador Adolfo Rodríguez Saá (FdT), destacó que se está llevando a cabo “un muy buen trabajo” y, por ende, este miércoles se buscará que “consensuemos las diferentes propuestas y modificaciones que le podríamos hacer al proyecto y emitir dictamen”.

A continuación, se pasó al tramo de las exposiciones y abrió la ronda el ingeniero Daniel Sorlino, integrante del grupo de estudio y trabajo sobre cannabis de la Facultad de Agronomía de la UBA, quien dio una exposición técnica muy detallada y señaló que “en Europa desde hace muchos años se viene cultivando y viene habiendo un gran interés en todas las áreas en las que el cultivo puede aportar a diferentes áreas de uso farmacéutico, industrial”, publicó Parlamentario.

También recordó que el cáñamo, derivado del cannabis, “fue autorizado en 1989 en Francia” y desde ese momento “se multiplicó en cinco veces” la producción. En cuanto a Argentina, Sorlino mencionó que “en 1977, en la época del proceso militar” se dio la prohibición del cultivo de cáñamo, por lo cual se llevan “casi 50 años de prohibición” y lamentó de “todo lo que nos estamos perdiendo en función de no poder adoptar toda la tecnología que ya ha sido adoptada en el mundo”.

Por su parte, Diego Bertone, de la Asociación Civil Proyecto Cáñamo Argentina, aportó información sobre los múltiples usos del cáñamo. Entre ellos, ponderó que sirve para “limpiar suelos, disminuir el uso de agroquímicos”, al tiempo que tiene “un alto aprovechamiento industrial”.

No solo puede generar aceite, sino también harina, apuntó el ingeniero, que indicó que de la semilla del cáñamo pueden obtenerse “una infinidad de productos alimenticios”, al tiempo que del tallo, se puede sacar “plantas de producción de fibra larga” o “fibra corta para autopartes y fibra técnica no textil”. Asimismo, del cáñamo se pueden producir biocombustibles como el “bioetanol, biodiésel y biogás”. “Podemos hacer materiales para generar baterías, pilas, con menor impacto que el litio”, sumó.

Desde La Rioja, Clara Olmedo, integrante de la Asamblea El Retamo, grupo que denunció la contaminación por parte de la curtiembre Curtume CBR -que abandonó recientemente el país dejando a 800 trabajadores desempleados-, enfatizó que “el cáñamo representa un cambio de paradigma que no solo nos exige Nonogasta, sino que nos exige el mundo, el cambio climático y los desastres ambientales”.

Para la socióloga, esta ley ayudaría a combatir “la crisis laboral, ambiental y todos los problemas de salud que hemos sufrido por décadas en Nonogasta”. “Tenemos una oportunidad y les queremos exigir que permitan y agilicen la sanción de esta ley”, añadió.

En contrapunto al resto de los oradores, Claudio Mate Rothgerber, asesor en el Senado y exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, alertó “que no hablemos de los riesgos de esta mercancía” cuando el cannabis “es una misma planta” y “una droga controlada” en todo el mundo.

“Hoy hablan de marihuana ONG’S, influencers, youtubers, con más autoridad pareciera que las publicaciones científicas o las agencias que controlan medicamentos”, aseveró el especialista en adicciones, que continuó: “Todas las agencias del mundo que controlan medicamentos no consideran a la marihuana un medicamento. Sí promueven y habilitan, como nuestra propia ANMAT, el uso compasivo, pero advierten especialmente que todos los usos deben estar bajo controles de estricta trazabilidad; no puede ser separado el componente medicinal de la planta en condiciones que no sea controlada”.

Además, Mate Rothgerber destacó que, según muestran los balances de empresas de esta industria en Latinoamérica, pese a promover “usos medicinales e industriales, incluso hasta ensayaron usos gastronómicos”, esos componentes comerciales “cada vez fueron formando menos parte de sus ingresos”, y hoy “las facturaciones y los activos que declaran son producto de la venta” de las categorías “también llamas adulto, recreativa: narcótico”.

A su turno, Florencia Corbelle, en representación del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis e investigadora asistente del CONICET, se refirió a la cantidad de personas penalizadas por la tenencia de marihuana para consumo personal, por lo que celebró el proyecto, pero reclamó por el cambio de la Ley de Estupefacientes en este sentido.

Según la expositora, la regulación del consumo para mayores de 18 años “es una medida necesaria y urgente” porque “el cannabis es la sustancia psicoactiva más utilizada en el país después del alcohol y el tabaco”.

En cuanto a la iniciativa, Corbelle pidió que “se garantice, proteja y fomente la participación de cooperativas, pequeños y pequeñas y medianos y medianas productores y productoras, quien autocultiva y los clubes sociales” en la ley, porque “las formas cooperativas para producir cannabis no solo posibilitan el acceso democrático, sino que equilibran el precio en el mercado”.

A su turno, Soledad Pedrana, de la Asociación de Usuarias y Profesionales para el Abordaje del Cannabis, contó que su provincia, no adhirió aún a la ley vigente, pese a lo cual la producción en los laboratorios provinciales avanza velozmente con la fragmentación de resina extranjera, cosa que demuestra a su juicio que no hay articulación entre las organizaciones y el Estado, pues hay mucha producción nacional que no está siendo utilizada.

Perla Peralta, representante de la Cámara de Emprendedores Cannábicos de la Argentina, habló de un mercado interno oculto nacional que se está desarrollando sin estar regulado, y respecto de las semillas nacionales que necesitan que la generación de patentes de genética y certificaciones agroecológicas nacionales les dén una ventaja competitiva al pequeño productor para que tengan fácil acceso a la patente y no deban caer en el régimen internacional, “pagando con dólares patentes que tendríamos que estar pagando en pesos”. En ese sentido dijeron que quieren pagar los impuestos correspondientes y destacó que según estadísticas que existe un mercado oculto que representa “muchísimo dinero del cual no le queda así nada al Estado”.

Por su parte, Martín Galíndez, asesor legal de Cannabis Medicinal Argentina, advirtió que hoy el derecho a la salud con respecto al cannabis se encuentra “postergado”, y destacó que se trata de una alternativa terapéutica “basada en un gesto humanitario, porque admitir una nueva terapéutica para dolencias y patologías que tienen una historia no resuelta es un gesto humanitario. Eso es lo que viene a hacer el cannabis medicinal: es una política sanitaria que se apoya en necesidades humanas”.

También expusieron en el plenario Pablo Oviedo, de la Asociación Cannábica Correntina; María Victoria Baca Paunero, del Centro de Estudios Cultura Cannábica; Gabriela Calzolari, de la Asociación Civil Ciencia Sativa; Fausto Botta, de la Campaña Cannabis al Congreso; Emilio Ruchansky, de Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, y Martín Alonso, gerente de Stay True Organic.