Al exponer sobre el proyecto, Gaillard destacó que la iniciativa fue trabajada en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad científica.
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados avanzó este miércoles con el dictamen de un proyecto de una nueva Ley de SIDA, que se trata de derogar la vigente N°23.798, y asimismo incorporar a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).
Además de mantener la garantía del tratamiento en forma gratuita para todos los pacientes, esta iniciativa incorpora nuevos derechos previsionales, como jubilación anticipada o prestaciones especiales para quienes padezcan estas enfermedades.
Al exponer sobre el proyecto, la diputada Carolina Gaillard (FdT) destacó que la iniciativa fue trabajada en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad científica, y repasó los antecedentes de propuestas que se presentaron anteriormente.
Autora de uno de los textos, la entrerriana señaló que esta nueva ley tiene “un enfoque diferente a la Ley de SIDA que tiene nuestro país, que es una ley que tiene más de 20 años” y que, si bien fue un gran paso, posee “una mirada un tanto biologicista”.
Además, la legisladora enfatizó que la “novedad” es que se contemplará “a las hepatitis virales y a las infecciones de transmisión sexual”, de modo de “atender de manera integral estas enfermedades”.
Entre los puntos destacados que mencionó, la oficialista expresó que en el proyecto se plantea que “las personas que padezcan estas enfermedades puedan jubilarse a los 50 años y que puedan acceder a las pensiones no contributivas cuando cobren por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil”.
Gaillard resaltó que el VIH es una enfermedad crónica y “estas poblaciones sufren muchos prejuicios y la estigmatización”, por eso “hay una alta informalidad, lo que impide que tengan la cobertura social para poder llevar adelante sus tratamientos”. “Se busca que el Estado tenga la obligatoriedad de garantizar los tratamientos”, agregó.
También enumeró que la iniciativa incluye que la prueba para el diagnóstico del SIDA esté acompañada de una consejería, y un fondo de fortalecimiento para financiar a las organizaciones que trabajan en la temática, entre otros aspectos, publicó Parlamentario.
Al concluir, la diputada explicó que se arribó a un consenso para mencionar en el proyecto “de manera genérica a las poblaciones de extrema vulnerabilidad” y no individualizarlas, como en el texto original figuraban, entre ellas, las/os trabajadoras/es sexuales o personas en situación de prostitución, porque “es un debate que todavía no ha sido saldado por el feminismo”. Sobre eso se expresaron luego sus pares Mara Brawer y Mónica Macha (FdT).
El proyecto declara de interés público y nacional la respuesta integral e intersectorial a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).
De acuerdo a la iniciativa, se garantiza la cobertura universal y gratuita de una asistencia integral -medicamentos, insumos, vacunas, tratamientos, etc.-; se prohíbe la realización de la prueba diagnóstico de estas enfermedades en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral; y se aclara que “las ofertas de empleo no podrán contener restricciones por estos motivos”.
Entre otros puntos, indica que “todo/a hijo/a nacido de mujer o persona con capacidad de gestar con VIH y/o Hepatitis B o C tiene derecho a acceder de manera gratuita a la leche de fórmula durante los primeros 18 meses”.
En lo referido a la prueba diagnóstico, ésta podrá ser: voluntaria, sólo puede efectuarse con el consentimiento de la persona; gratuita en todos los subsistemas de salud; confidencial, tanto la prueba como el resultado de la misma; universal, para toda persona que la solicite; y realizada con el debido asesoramiento individual pre y post test, en un marco que garantice la correcta vinculación de la persona diagnosticada con los sistemas de salud.
