A raíz de la situación de la camarista Ana María Figueroa, los diputados del Pro Pablo Tonelli y Álvaro González presentaron un proyecto de ley sobre el cese de los magistrados a los 75 años, reglamentando así lo establecido por el artículo 99 -inciso 4, tercer párrafo- de la Constitución Nacional.
Dicho artículo dispone que los jueces del Poder Judicial de la Nación cesan en sus cargos al cumplir 75 años, salvo que sean previa y nuevamente designados. El nuevo nombramiento requiere el acuerdo del Senado y no puede extenderse por más de cinco años.
La iniciativa de los legisladores de Juntos por el Cambio busca establecer que “los jueces cesarán automáticamente en sus cargos el día que cumplan 75 años de edad o el día del vencimiento en el caso de haberse prolongado la designación; salvo que antes de alcanzar esa edad o de llegada esa fecha hayan sido nuevamente designados por el Poder Ejecutivo con previo acuerdo del Senado”. Además, indica que el cese no estará sujeto a decisión o condición.
Al respecto, Tonelli sostuvo que “evidentemente no basta con lo dispuesto por la Constitución Nacional, ni con el sentido común y la decencia. Hace falta reglamentar el cese de los magistrados a los 75 años para que quede claro que no pueden continuar en funciones luego de cumplir esa edad, salvo trámite completo y previo de prolongación de su designación”.
“Para que quede claro: deben cesar en sus funciones, no deben cobrar más su sueldo, no deben ocupar más sus oficinas, y deben dejar todos los privilegios de jueces en actividad”, remarcó el diputado porteño.
En este sentido, la iniciativa determina en su artículo 3° que el mismo día que el juez cumpla 75 años o el día del vencimiento en el caso de haberse prolongado la designación, si previamente no ha sido nuevamente designado, perderá su condición de magistrado y dejará de percibir la remuneración correspondiente a su cargo. Asimismo, deberá dejar la oficina que utilice y perderá todos los derechos inherentes a su condición de juez en actividad.
Por su parte, González dijo que “este proyecto viene a dejar de forma clara lo que expresa nuestra Constitución en el artículo 99, inciso 4. Queremos con este proyecto evitar interpretaciones especulativas según la conveniencia. Y que, el precepto constitucional, se interprete tal cual fue su espíritu. Es decir, los jueces que cumplen 75 años de edad cesan en sus funciones ese mismo día, salvo que hayan obtenido el acuerdo de Senado para una nueva designación por cinco años más”.
Según los fundamentos del proyecto, los autores consideran imprescindible que la norma prevea que solo el trámite completo de nueva designación, que culmine con el necesario decreto de nombramiento emitido por el presidente de la Nación, permite al juez involucrado continuar desempeñando su cargo.
De manera que quede establecido que la mera petición de acuerdo o aun el otorgamiento de ese acuerdo no bastan si la nueva designación no concluye con el decreto de rigor y el magistrado debe cesar en su cargo de manera automática al cumplir la edad prevista en la Constitución Nacional. También se propicia que, una vez producida la vacante automática, el Consejo de la Magistratura deba convocar de inmediato al concurso de oposición y antecedentes destinado a cubrir esa vacante, a fin de que esta sea cubierta en el menor lapso posible.
La polémica se abrió a raíz de la situación de la jueza de la Cámara de Casación Ana María Figueroa -con voto clave en causas que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner-, quien cumplió 75 años el pasado 9 de agosto, pero hasta ahora el oficialismo en el Senado no ha tenido el número para poder aprobar su pliego enviado por el Poder Ejecutivo, que busca prorrogar su cargo por cinco años más.
El día de su cumpleaños, la magistrada informó a sus pares que dejaba la presidencia de la Cámara y que no firmaría más resoluciones, pero que no se tomaría licencia a la espera del trámite parlamentario -hasta diciembre-, amparada según su criterio en una resolución de 2017 del Consejo de la Magistratura sobre la continuidad de los jueces mayores de 75 años.
Fuente. Parlamentario
