El gobierno nacional anunció que “en un esfuerzo por optimizar recursos y garantizar que las pensiones no contributivas por invalidez laboral lleguen a quienes realmente las necesitan”, se han suspendido hasta la fecha un total de 65.789 pensiones a quienes no cumplieron con los requisitos establecidos. Este proceso forma parte de las auditorías que se están llevando a cabo para asegurar una distribución justa y eficiente de los beneficios.
Las principales razones detrás de estas suspensiones incluyen el no cumplimiento de requisitos mínimos establecidos para acceder a la pensión, así como la inasistencia reiterada a las auditorías convocadas sin justificativos, lo que ha derivado en la suspensión.
Además, se han registrado 6.643 bajas por fallecimientos de beneficiarios. Por otro lado, 8.207 personas han renunciado a sus beneficios, contribuyendo a la reducción del total de pensiones activas.
Las autoridades han enfatizado la importancia de estas auditorías como un paso necesario para redirigir los recursos hacia las personas con discapacidad y sus familias, asegurando que aquellos que realmente requieren apoyo reciban la asistencia adecuada. Se espera que este proceso continúe, permitiendo una mayor transparencia y equidad en la distribución de los beneficios.
A medida que avanzan las auditorías, se insta a los beneficiarios a cumplir con los requisitos y asistir a las convocatorias para evitar la suspensión de sus pensiones. Las autoridades se comprometen a mantener una comunicación clara y abierta para garantizar que todos los involucrados comprendan el proceso y sus implicancias.
