El proyecto fue aprobado por unanimidad en la última sesión deliberativa.
Por unanimidad, se aprobó sobre tablas un proyecto de ordenanza presentado in voce por la concejal Karina Llanes (Cambiemos), que contempla un régimen de regularización de obligaciones derivadas de infracciones competencia del Juzgado de Faltas y omisión de pago de cánones, concesiones y derechos de cementerio.
La norma propone y contempla planes de pago que van desde seis o menos cuotas iguales, mensuales y consecutivas hasta 24 cuotas iguales, mensuales y consecutivas. Y establece como regla general aplicable a todas estas obligaciones, la quita de los intereses por mora o punitorios o accesorios, con determinadas especificaciones contempladas en la norma.
La normativa establece que en cuanto a las obligaciones derivadas de actas de comprobación tramitadas por ante los juzgados de Faltas pueden saldarse mediante un pago único íntegro con una quita del 40% del capital adeudado si se ingresa mediante un solo pago cancelatorio de la deuda. Caso contrario se puede adherir a los distintos planes, como el resto de las deudas por cánones, concesiones y derechos de cementerio:
*En seis o menos cuotas iguales, mensuales y consecutivas se tomará en cuenta el capital, sin recargos.
*Si se adopta un plan de pago de hasta 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, se aplicara una tasa de interés por la financiación del 2,5% mensual sobre saldos, resultando el importe de las cuotas de la aplicación del sistema Francés de Amortización de Deudas.
*Si se adopta un plan de pago de hasta 24 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, se aplicará una tasa de interés por la financiación del 5% mensual sobre saldos, resultando el importe de las cuotas de la aplicación del sistema Francés de Amortización de Deudas.
Además, quedan excluidas de la moratoria y no podrán acogerse a este beneficio aquellas obligaciones que superen los 500.000 pesos.
La concejala Llanes explicó que si bien hubo una moratoria el año pasado para impuestos y multas, durante cuatro meses, coincidió con el traslado del edificio del Juzgado y luego el receso, por lo que estuvo en vigencia en un corto lapso perjudicando la adhesión a ese beneficio.
