Gabriel Gusmán fue asesinado por la espalda hace un año y un mes por uno de los dos policías que conducían el móvil 1021 de la fuerza provincial.
Por JCB de ANÁLISIS
Los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull solicitaron a la Gendarmería Nacional que realice una serie de análisis periciales en el marco de la causa que investiga el asesinato de Gabriel Gusmán. El crimen sucedió el 25 de septiembre del año pasado en el barrio Capibá en manos de uno de los dos policías que conducían el móvil 1021, Rodrigo Molina y/o Diego Íbalo.
Esto significa un avance en la causa después de varios meses de quietud y un reclamo constante por parte de la querella, en representación de la familia del joven asesinado, que viene pidiendo que se tome declaración indagatoria a los dos policías imputados que aguardan el juicio en libertad y cumpliendo funciones en la fuerza policial a pesar de la acusación.
"En la continuidad de la presente Investigación Penal Preparatoria (IPP) y atento al estado actual de las presentes actuaciones, disponemos: Requerir a la Gendarmería Nacional Argentina que, a través de las Divisiones que correspondan y personal idóneo, proceda a determinar: trayectoria del proyectil que provocara la muerte de Gabriel Nicolás Gusmán; Posición corporal y ubicación en la cual se encontraba el fallecido en el momento del impacto; Distancia del disparo y ubicación del autor de dicha detonación", señaló el pedido de los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) -al cual tuvo acceso ANÁLISIS- en el marco del Legajo Nº87850 cuya carátula es "Actuaciones de oficio S/Homicidio Agravado (en perjuicio de Gusmán Gabriel Nicolás.
El pedido de los fiscales se firmó este jueves 24 de octubre, mientras que hoy viernes se cumple un año y un mes del asesinato de Gusmán en el barrio Capibá.
Cabe recordar que el joven murió gracias a un disparo que le ingresó por la nuca y salió por arriba de una de sus cejas, según comprobó la autopsia. Es decir, recibió el balazo de espaldas. A poco más de un año, los fiscales buscan definir algunos detalles para poder avanzar en la IPP.
Desde la querella, representada por José Iparraguirre y Lucía Tejera, se viene insistiendo en que se trató de un caso de gatillo fácil mientras que desde el gobierno provincial niegan que haya una política en ese sentido en Entre Ríos.
