
Lucio Borini (*)
La Cámara de Droguerías de Entre Ríos, con lógica preocupación, critica la iniciativa del gobierno sobre la creación de una empresa del Estado provincial destinada en definitiva a competir deslealmente con los miembros de dicha Cámara.
Impresiona la decisión del gobernador Gustavo Bordet que en plena campaña electoral fomentando la creación de empleo apruebe formulas retrogradas que solo ocasionan déficit público, mayores impuestos y gran ineficiencia en su funcionamiento.
En tiempos en los cuales son insistentes los llamados a la creación de empleo privado, desregulación laboral, apoyo a las Pymes dadoras de la mayor cantidad de mano de obra en el país; tiempos en los cuales se aclama la disminución de la presencia del estado en la economía eliminando regulaciones e impuestos de los sectores productivos y servicios; cuando hasta los “movimiento sociales” quieren liberarse de la ayuda efímera de los “programas” reclamando definitivamente trabajo real; cuando vemos a las empresas sobrevivientes de la cuarentena haciendo malabares y grandes sacrificios para continuar con sus actividades debido de la recesión, la inflación, la presión impositiva, el cierre forzado de sus actividades… Ahí aparece el estado provincial con una iniciativa muy “original” cuál es la creación de un nuevo ente provincial bajo la figura de “empresa”. ¿Para qué? Posiblemente para competir con las privadas sobrevivientes que hoy están en actividad dando trabajo genuino, pagando impuestos nacionales, provinciales y municipales, cargas sociales, aporte obligatorio a los sindicatos, energía eléctrica de las más caras del país, etc. etc.
¿No habrá una idea más innovadora como política económica para creación de empleo (v.gr.: reclamar la apertura de las exportaciones de carne, bajar ingresos brutos, etc.) que la de querer fundir las empresas del ramo que con oficio y trayectoria desarrollan su actividad comercial en el ramo de la droguería?
¡Seguramente el gran precursor de la idea les imputa el terrible delito de trabajar para ganar dinero. O de ganar demasiado dinero. O de cobrar sobreprecios. O de carterizarce! O simplemente se cree que desde el Estado se está en la obligación de participar de una actividad que a ojos de los burócratas es demasiado rentable para los privados, que el Estado puede perfectamente realizar esa actividad ofreciendo productos mucho más baratos que los privados y así proveer a los establecimientos públicos incluido el IOSPER. ¡Una idea genial!
La fórmula es sencilla: Mandamos un proyecto a la Legislatura (seguramente luego de las elecciones) que será aprobada con aplaudidos discursos de bondadosos legisladores pródigos de puestos de trabajo para sus punteros; tomamos dinero de entes públicos recaudadores y de los cuales podemos disponer libremente desnaturalizando los fines de los mismos; compramos medicamentos y los vendemos a nuestros propios hospitales a muy buen precio que nunca pagaran porque queda todo en familia; dejamos fuera de competencia a las empresas privadas que pronto tendrán que cerrar con las consecuencias que ello significa.
Si el argumento es el sobreprecio pensemos en dos cosas fundamentales que ocurren en la esfera de los proveedores del Estado, los plazos de pago totalmente dilatados y con inflación galopante y la corrupción que suele ocurrir y obliga a sobreprecios para al final lograr una renta lógica.
Si es por la carterización, el Estado cuenta con las herramientas suficientes para denunciar dicha situación y detenerla con la ley 27.442 de defensa de la competencia.
Imaginemos brevemente un emprendimiento de este tipo comandado por burócratas a las órdenes de punteros políticos. Directorios formados por ejemplo por representantes de las cámaras legislativas o por dirigentes políticos de todos los departamentos para hacerlo “bien federal” (v.gr.: Consejo Federal de la Hidrovía), con la obligatoria participación de los sindicatos, financiado por las creídas infinitas arcas del estado, sin pagar salarios por que se los carga al Poder Ejecutivo, sin pagar impuestos porque a pesar de ser una pretendida S.A. al ser del estado no lo paga hasta que logre equilibrio financiero y alardeando finalmente que “producimos mucho más barato que los privados”. Una ficción poco original.
Este tipo de emprendimientos fueron todos deficitarios y fracasaron en los fines que quisieron lograr por mayor buena intención que tuvieran inicialmente, pérdidas interminables sufridas por el contribuyente sin ninguna necesidad y causa principal del déficit eterno de las cuentas públicas, lo que nos provoca endeudamiento perpetuo, presión tributaria record y la No solución de los problemas sociales que nos llevan a una pobreza record, a un desempleo record y A VIVIR PEOR.
Una muy mala idea de la que espero el Gobernador Bordet desista y opte por achicar y no agrandar el tamaño del estado provincial.
(*) Ex diputado provincial - Bloque Unión Provincial.