Proponen que en CARU haya lugar para un representante de la sociedad civil.
El abogado diplomado en Derecho Ambiental Osvaldo Fernández propuso que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) tenga “presencia de un asiento para un representante de la sociedad civil que tenga voz y voto”. Así lo señaló este martes, en el marco de los 22 testimonios que forman parte de la iniciativa “22 – 2 – 22” que lleva adelante el Foro Permanente por la Conservación y Uso Racional del Río Uruguay, Acuíferos Guaraní, Serra Geral y Otros.
En su intervención, afirmó que la iniciativa que se realiza desde la 0 y hasta las 22 de este martes es “un evento que fortalece la democracia ambiental”. E inmediatamente después, amplió el concepto: “Democracia ambiental que necesita reconocimiento en las naciones, en las regiones y en los ámbitos locales”.
“Democracia que está compuesta o integrada de herramientas que le sirven a esa militancia, a esa defensa de los recursos naturales y del ambiente que demanda audiencias públicas para implementar la participación ciudadana, que necesita del más amplio acceso a la información ambiental, que debe ser completa, cierta, veraz y demanda de estudios de impacto ambiental y, por supuesto llegado el caso, necesita del acceso pleno a la Justicia”, amplió luego el abogado oriundo de Gualeguaychú que participó de la lucha de la Asamblea Ambiental Ciudadana contra la instalación de la pastera UPM – Botnia en Fray Bentos.
En ese tramo de su testimonio, el profesional hizo foco en un organismo binacional: “Necesita también de una activa participación de la sociedad civil en los ámbitos de gobernancia de los recursos naturales. Por ejemplo, en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que demanda de la presencia de un asiento para un representante de la sociedad civil que tenga voz y voto”.
“Las comunidades, nuestros pueblos, necesitan ser escuchados. Hay que tener en cuenta la opinión de la sociedad. Esto va de la mano de una herramienta muy importante como lo es la licencia social que implica que ningún pueblo, ninguna comunidad, ninguna colectividad está obligado a aceptar un proyecto o un emprendimiento cuando afecta a un recurso natural o impacta en el ambiente”, aclaró luego el exdirector de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos y Acuáticos de la Nación, publicó El Entre Ríos.
Enfatizó que “la licencia ambienta es un instrumento dinámico, participativo, que evoluciona y va de la mano de la construcción de consensos y es muy importante, entonces, que en el marco de la democracia ambiental las comunidades, los pueblos, avancen en la construcción de consensos, con fundamentos científicos y con el respaldo de sus decisiones de vida”.
Reiteró, más adelante, que “ámbitos y eventos como este nos fortalecen, nos dan más ánimo porque esto es una lucha que necesita de mucho esfuerzo y sabemos que, para cambiar el paradigma que hace nuestra calidad de vida, necesitamos esa construcción de consensos a la que antes aludía”.
“En conjunto, democráticamente como sociedad vamos a avanzar hacia nuevos modos de producción, nuevos usos de la energía, hacia nuevos modos económicos que tengan en cuenta que más que nada tenemos que tutelar nuestra casa común que es el planeta y la naturaleza”, cerró.
