Durante dos días -lunes y miércoles de esta semana- el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos debatió acerca de las tres impugnaciones presentadas al concurso de antecedentes y oposición para cubrir un cargo clave, la Fiscalía Anticorrupción, vacante desde que el 24 de mayo de 2022 fuera destituida Cecilia Goyeneche, quien a la vez ejercía como Procuradora Adjunta. El caso, claro, no está cerrado en la vía judicial por cuanto Goyeneche, luego del revés ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), fue en queja a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe resolver el entuerto.
La decisión ya se había adelantado luego del cónclave del lunes: se rechazan los tres cuestionamientos, y el concurso sigue su marcha, aunque de momento el Consejo de la Magistratura deberá actualizar su elenco de jurados técnicos para evaluar a los postulantes por cuanto hubo varias bajas. Lo que no está en discusión es el rechazo a los planteos que formularon por escrito tres ciudadanos, solo uno de ellos postulante al concurso. El abogado Esteban Leonel Rodríguez y el dirigente radical Humberto Varisco no son parte del concurso, pero impugnaron el proceso; el fiscal José Arias, de la Unidad Fiscal de Concordia, postulante para la Fiscalía Anticorrupción, es el tercero que reprochó el proceso.
En febrero último, el Consejo de la Magistratura lanzó el concurso para cubrir un cargo de Fiscal Anticorrupción; dos Fiscales Adjuntos -uno con asiento en Paraná; otro en Concordia-; y un Fiscal Auxiliar. Según la resolución N° 292, dictada el 13 de febrero por el Consejo de la Magistratura, la inscripción se dio entre el 6 marzo y el 27 de marzo. Pero en el ínterin ocurrieron dos situaciones: las impugnaciones al concurso y la renuncia de varios jurados técnicos seleccionados. El Consejo resolvió las tres impugnaciones, pero resta convocar a nuevos jurados para que el concurso pueda avanzar, publicó Entre Ríos Ahora.
Aunque en medio ocurrió otro hecho: el exconvencional Juan Carlos Arralde presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura, trámite que está en proceso en el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Los planteos
Por lo demás, los planteos contra el concurso para designar fiscales Anticorrupción fueron son tres.
Uno de esos planteos fue formulado por José Emiliano Arias, fiscal de la Unidad Fiscal de Concordia, uno de los 10 postulantes que se presentaron para cubrir el cargo de Fiscal Anticorrupción. Arias pidió que se declare la «nulidad» de la constitución de los jurados técnicos que deberán evaluar a los postulantes. Más todavía: pidió la nulidad de la resolución N° 292, que en febrero último convocó a concurso.
En su presentación, el fiscal Arias sostiene que se «digitaron» los jurados técnicos, y sostiene que “a tenor del Jurado constituido, el presidente del Consejo de la Magistratura no realizó ningún sorteo”. Además, “no se cumplimentó con la exigencia de publicidad que impone” la ley del Consejo de la Magistratura y el Reglamento General, “por cuanto no se llevó a cabo ningún acto de publicidad y/o notificación, en forma previa, a tal significativo acto, vaciándose la garantía de transparencia propia del acto”.
“Tampoco se libró acta ni se informan las personas que estuvieron presentes en el acto de sorteo, lo que surge de la negativa del presidente del Consejo de la Magistratura a informar estas cuestiones a pesar de haber sido peticionado por quien suscribe mediante correos electrónicos intercambiados entre los días 8, 15 y 16 de marzo de 2023”, añade.
Arias reprocha que los jurados técnicos propuestos por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y aceptados por el Consejo de la Magistratura no cumplen con la exigencia de especialidad en Derecho Penal, y cita el caso del director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Germán Coronel, con especialidad en Derecho Administrativo; o el caso de Ladislao Uzin Olleros, con especialidad en Derecho Civil y Comercial; también el caso de Miguel Ángel Federik, que ha tenido participación en distintos concursos, ninguno para elegir operadores judiciales del fuero penal.
En otros estamentos, como académicos y magistrados, en la designación de jurados técnicos, sostiene el fiscal Arias, no se ha respetado la especialidad, como el caso del exvocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Miguel Carlín; o los jueces Federico José Lacava y María Fernanda Erramuspe, vocales de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay.
La situación, dice en su presentación, “genera un peligro inminente a los postulantes de estos Concursos con sólo tener en cuenta que las correcciones que realicen estos ´jurados técnicos no especializados´del examen de oposición podría ser confirmada por vía del silencio (administrativa y judicial). Se fulmina el derecho de los concursantes a ser examinado y evaluado responsablemente por un jurado idóneo y especializado”.
El dirigente de la UCR Humberto Varisco reprochó en su presentación la “falta de transparencia” del concurso hecho que endilga al titular del Consejo de la Magistratura, Mariano Churruarín. También reprocha el incumplimiento a la normativa en la conformación de los jurados técnicos. En el caso del Colegio de la Abogacía, dice, cumple con la paridad, pero no con el requisito que uno de los jurados debe ser de un punto del interior de Entre Ríos.
Varisco también observa la representación de los magistrados, ya que los nombres surgieron de una elección que realizó la Asociación de la Magistratura sólo entre sus asociados, y sin participación de los no asociados, también funcionarios judiciales. También habla de la “simulación” en el sorteo de los jurados técnicos. “El grave hecho radica en que ninguno de los consejeros fue oportunamente notificado de que el lunes 13 de febrero se realizaría la depuración y sorteo de quienes iban a integrar el jurado técnico”.
Así, Varisco pidió que “se revoque” la convocatoria a concurso y se suspenda “hasta tanto se proceda a regularizar la situación”.
Por último, el abogado Esteban Leonel Rodríguez denunció la “ilegitimidad” de la resolución del llamado a concurso para la Fiscalía Anticorrupción y pidió que se anule esa decisión.
En su presentación, sostiene que el presidente del Consejo de la Magistratura «ha incumplido la normativa citada en cada uno de los puntos tratados de manera flagrante con violación al Debido Proceso (art. 18, Constitución Nacional) presentándose tales inobservancias normativas como indicios serios, concretos y graves que alerta que se ha manipulado la designación de los Jurados Técnicos, quebrantándose la transparencia con que deben llevarse a cabo los concursos”.
“Una de las tantas irregularidades denunciadas ya provocó un perjuicio concreto, grave y directo a los concursantes en la medida que no están fijadas con antelación los criterios consensuados de calificación de antecedentes específicos para los cargos de la Fiscalía Anticorrupción”, señala en su escrito.
En febrero último, el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos llamó a concurso de antecedentes y oposición para cubrir el cargo de Fiscal Anticorrupción de la Provincia, creado por ley, función que quedó vacante luego de la destitución, en mayo de 2022, a través de un jury, de la Fiscal Anticorrupción y Procuradora Adjunta Cecilia Andrea Goyeneche.
El concurso será para cubrir un cargo de Fiscal Anticorrupción; dos Fiscales Adjunto -uno con asiento en Paraná; otro en Concordia-; y un Fiscal Auxiliar. Según la resolución N° 292, dictada el 13 del actual por el Consejo de la Magistratura, la inscripción comenzará el 6 de marzo y se extenderá hasta el 27 de ese mes inclusive.
