Uno 200 trabajadores de Salto Grande participaron de la reunión abierta convocada por la Mesa Sindical, donde se manifestó “la preocupación respecto a la actual situación económica financiera del organismo; en especial sobre los atrasos en pago y falta de reconocimiento de los gobiernos argentino y uruguayo para con la CTM”.
“Es un día importante, hacía años que no teníamos una movilización, estamos dispuestos a manifestarnos en pos de que se reconozca la deuda actual que tiene el gobierno argentino con el organismo, como la lucha por un más justo reconocimiento de lo que el Gobierno Uruguayo paga a Salto Grande”, manifestó Sergio Benítez, secretario general del Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande.
Asimismo, Walter Méndez, presidente de la Asociación de Trabajadores del Uruguay en Salto Grande expresó: “Desde 2015 que no se actualiza la partida presupuestaria de Uruguay destinada a Salto Grande, estamos ante una situación que solo contamos con fondos para llegar a cubrir los gastos operativos hasta el mes de junio, el resto del año, Salto Grande se financia con partidas complementarias por parte de UTE y del Ministerio de Economía, partidas que se demoran y repercuten negativamente en el desempeño de la empresa”.
Ambas autoridades mencionaron que “se viene trabajando con las Delegaciones de ambos países en lograr resultados, hay acompañamiento y estamos todos alineados, pero hasta ahora los resultados obtenidos no son los esperados y preocupa la falta de respuesta en el corto y mediano plazo de los gobiernos”.
Desde la Mesa Sindical se destacó “la binacionalidad, la unidad sindical y la defensa de los trabajadores como parte de la lucha. Son los trabajadores de Salto Grande quienes han hecho del organismo uno reconocido a nivel mundial y a nivel regional, capaz de sostener el sistema eléctrico cuando otros han fallado”. “Eso es lo que estamos reclamando, reconocer el rol de nuestros compañeros y de un organismo que no falla cuando las cosas se complican”, subrayaron.
“Salto Grande es vital para el sistema interconectado, tanto en la generación como transmisión y regulación de frecuencia. Sabemos la importancia estratégica que Salto Grande significa para ambos países por eso queremos seguir sosteniendo esa confiabilidad y seguridad. Venimos de varios meses de atrasos en pagos y congelamiento de valores de lo que se le reconoce a Salto Grande por el valor de la energía producida, esto claramente afecta no solo a los trabajadores sino también al normal desarrollo de tareas y mantenimiento”, explicó Benítez.
“Sabemos que es una situación frágil, la economía Argentina atraviesa dificultades, pero estamos ante una situación compleja que requiere atención por parte de la Secretaría de Energía, que no estamos encontrando, pese a las gestiones del Sindicato como de la Delegación. Tememos por el sostenimiento de Salto Grande como por las fuentes de trabajo”, agregó.
“Estamos afectados en estos últimos años, por una política restrictiva en lo económico, que responde a estas situaciones económicas. Hemos visto como parte de nuestros proyectos planificados han tenido que naufragar por recortes en el presupuesto ya aprobado. Compras que han sido canceladas, demoras en los pagos a proveedores que dificultan el gerenciamiento de proyectos que involucran mano de obra o equipos de terceros”, detalló Méndez.
“Nuestros delegados no deberían “rogar” el pago de algo que es nuestro. No debemos pedir limosnas a una empresa que le entregamos la materia prima y luego publica carteles mostrando su superávit”, reclamó el representante uruguayo.
Benítez manifestó: “Estamos reclamando lo que le corresponde por ley a Salto Grande, reivindicando nuestro rol y queremos seguir luchando por otros reconocimientos como es el cuadrilátero y una mejora en los valores que se pagan por la energía que sale de Entre Ríos a toda Argentina. Hay una lucha también en materia de reivindicación histórica a lo que Salto Grande es y aporta al desarrollo nacional y provincial”.
Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de resolución de esta situación, que se trata de “un primer paso de muchos que deberemos dar para defender los intereses de Salto Grande y sus trabajadores, que no deben ni pueden ser variable de ajuste”.
