El pacto de silencio
A los principales candidatos del oficialismo y la oposición les cuesta hablar de cómo combatirán la corrupción en sus respectivas campañas proselitistas en Entre Ríos. En el medio hubo condenas, siguen las instancias indagatorias, quedó demostrado que los desvíos de dinero se siguen concretando, pero nadie quiere decir qué cosas hará para reforzar los controles en los organismos públicos. Mientras tanto, hay casos resonantes sin resolver y funcionarios, exfuncionarios y exlegisladores imputados por peculado, cohecho o enriquecimiento ilícito.
Daniel Enz
En algunos despachos del primer piso de la Casa Gris existe una preocupación algo parecida a otros tiempos, aunque nadie lo quiere reconocer. Las sensaciones que sienten Gustavo Bordet y varios de sus funcionarios principales, en cuanto a la proximidad de la finalización del mandato y el día después del 10 de diciembre, son un tema que prefieren no hablar, pero les pesa, más allá de que si van a tener cargos en la etapa que viene. Sucede que gane o pierda el candidato oficialista Adán Bahl, Bordet ya nunca más será gobernador y eso no es un dato menor en Entre Ríos. Tanto Sergio Montiel, como Jorge Busti, Mario Moine y Sergio Urribarri como nadie, padecieron el síndrome del despoder que generó terminar el mandato y no tener otro período consecutivo o no contar con más reelección. El único que pudo salir airoso de tal situación -más allá de las innumerables críticas que tuvo por los ajustes dispuestos en su período de gobierno, siguiendo las directivas expresas del gobierno de Carlos Menem y Domingo Cavallo- fue el contador Moine. En particular, porque no lo rozó ninguna investigación judicial posterior, por delito alguno de corrupción. Ni sobre él ni sobre sus funcionarios. Pero el resto tuvo que contratar costosos abogados, recorrer pasillos de Tribunales, dar explicaciones ante fiscales y jueces, soportar investigaciones, procesamientos, juicios y condenas.
Por eso fue que tanto Bordet como sus principales asesores en temas legales trataron de delinear una estrategia sin demasiado ruido, para ubicar gente con cierta sintonía con ellos entre los vocales del Superior Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y algún otro organismo de control, como la Contaduría General de la provincia o lo que sería la futura Fiscalía Anticorrupción, aunque los tiempos y las apelaciones quizás no le permitan nombrar allí al favorito. O sea, algo que delineó el actual mandatario entrerriano en este último tiempo, después de mantener un perfil moderado y siempre tratando de hacer equilibrio en sus dos mandatos, para no tener demasiado desgaste ni críticas fuertes de la oposición o los gremios estatales, aunque estos últimos pactaron un camino sin demasiados escollos con el gobernador. Ni siquiera José Allende, líder de UPCN Entre Ríos, tuvo espacio para transformarse en afrenta, en función de sus causas judiciales por delitos de corrupción y sus reacciones violentas que le costaron caer estrepitosamente como dirigente ante la opinión pública.
(Más información en la edición gráfica número 1141 del jueves 15 de junio de 2023)
