Por Marga Gonnet, desde Montevideo, especial para ANALISIS
“Las comisiones binacionales CARU, Salto Grande y CARP tienen un presupuesto conjunto mayor al de toda la Cancillería. (...) Por transparencia y respeto a los contribuyentes, hoy pedimos a las nuevas autoridades informe exhaustivo de ingresos, uso de recursos y situación patrimonial”
Esto decía Ernesto Talvi, ex ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, poco antes de ser el primero de nueve ministros y dos subsecretarios de gobierno en renunciar a su cargo. Talvi quería saber: cuántos funcionarios permanentes, contratados o asesores había; si ingresaron por concurso o por designación directa; cuáles eran sus remuneraciones y beneficios y cuáles los contratos con empresas tercerizadas y las licitaciones para inversiones existían en ese entonces en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande.
Las respuestas a estas preguntas se contestaron en “llamadas para que no se metiera en el tema”. Cuatro días después, Talvi renunció al cargo y a la política, como representante del partido colorado en el gobierno de Luis Lacalle Pou, tras haber vetado a Julio Luis Sanguinetti, hijo del dos veces Presidente de la República Oriental del Uruguay, Julio María.
El clientelismo es un término gris, turbio. ¿Qué hacer cuando un mismo mandatario en lugar de poner límites, condona esta conducta y se respalda en el desconocimiento? Un pasaporte falso a un narcotraficante buscado en toda América Latina porque dirige el cartel que controla el egreso y la producción de cocaína desde Uruguay que sale al aire en una nota “clandestina” convertido en héroe y víctima del sistema. Un pedófilo procesado por 22 cargos de abuso a menores de edad, montó una red paralela de presiones y corrupción para falsear su condena y utilizó su cargo para lograrlo, no necesitó una nota promocional. Gustavo Penadés tenía la amistad y la confianza de Luis Lacalle Pou, y mientras estaba en tela de juicio su continuidad (debió haberse apartado del cargo de senador), Penadés alegaba una trama en su contra, votó una ley que restringió derechos a madres y privilegió la convivencia de padres violentos con sus hijos.
Luis Lacalle Pou también defendió a su ex guardaespaldas, diciendo que lo conoce “de toda la vida”. Alejandro Astesiano dirigía una red de espionaje, tráfico de influencias y compra y venta de servicios de vigilancia y compra de drones, y utilizó a la Dirección Nacional de Identificación Civil, desde el piso 4 de la Torre de Gobierno.
Mientras Alejandro Astesiano recibía a sus clientes repartiendo pasaportes falsos, vimos suceder un hackeo de la base de datos de esta dependencia estatal en esos días. Astesiano utilizó cámaras del Ministerio del Interior y realizó el seguimiento de cargamentos de soja en Argentina, entre otras irregularidades.
Hablamos de una Comisión Técnica Mixta compuesta por funcionarios uruguayos y argentinos que debiera funcionar como un organismo binacional de gestión y contralor de la energía que produce la represa hidroeléctrica de Salto Grande. En este organismo, ingresaron al menos 36 cargos a dedo con jubilaciones anticipadas, sueldos que van de 80 a 400 mil pesos uruguayos (US1999 a US9996,90) y una vaga posibilidad de ser echados de sus cargos por mala conducta. Una mala conducta que descansa en el sentido común, donde funcionarios son jueces y parte para definir partidas de dinero extra, e incluso las regulaciones de la propia CTM.
Siga la flecha y pase, hay lugar
Según la editorial del 21 de noviembre de Gabriel Pereyra, periodista de La Diaria, la incertidumbre no mengua la crisis económica de la industria turística uruguaya. Lacalle Pou ya es un Presidente saliente y por ende, tanto la articulación de acuerdos de Uruguay y Argentina dentro del bloque de los BRICS o el MERCOSUR, son una interrogante. Si bien Macri reconoce la importancia de estas instituciones para la economía regional a través de una moneda común en el Mercado Común del Sur, ya sea por la línea ideológica de anarco-capitalismo de Milei, como por la visión anti estatal de Lacalle Pou, la integración regional en el Cono Sur, no será fácil.
Del mismo modo, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande por extensión, pueden estar en riesgo en relación a nuevas normativas o cambios en su integración. Según Gabriel Rodríguez, ex presidente de la CTM del lado uruguayo durante los 15 años anteriores a la actual gestión uruguaya, es posible que de designarse, puedan ingresar a la integración argentina a cargos altos como Gerente General, empresarios privados con intereses directos sobre el mercado hidroeléctrico. Por ejemplo, el CEO de una empresa que brinde electricidad a Argentina. Los cambios en la escuadra de Milei aún están en proceso dentro de un esquema profundamente anti-estatal.
El 31 de octubre de 2023, el periodista Eduardo Preve publicaba en un twit que las consecuencias para la radio Arapey de Salto, luego de haberlo entrevistado a raíz de los acomodos a dedo en la CTM uruguaya, fueron que el organismo retiró su pautado publicitario.
Daniel Caggiani, senador de la República del Frente Amplio, dijo por esos días que no solo en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande hay irregularidades sino que “en la CARU, cuando se levanten las piedras van a salir una cantidad de cangrejos”, aludiendo a que esta comisión también funciona con los mismos criterios diferenciados y es otro “coto de caza” durante la temporada electoral que en Uruguay está en marcha desde 2019.
El 1º de junio de 2022, según Búsqueda, Constante Mendiondo, senador frenteamplista realizó un pedido de informe a CTM dónde solicitó información sobre ingreso de personal, gestión, ingresos y egresos de la CTM en actividades no vinculadas al organismo binacional. La respuesta fue: “(...) Esta Secretaría de Estado no cuenta con la información solicitada por no corresponder” ya que la CTM de Salto Grande es “(...)un organismo internacional intergubernamental cuyo régimen jurídico no forma parte de la administración pública” de Uruguay o Argentina.
Según Brecha, de las 36 personas designadas por Albisu, en una de las peores crisis estructurales en Uruguay, 75% fueron en forma directa. Según el edil de Salto por el Frente Amplio (FA), Juan Pablo Rocca, “no solo generaron fricciones internas entre los demás trabajadores de la CTM del lado uruguayo, se crearon cargos para poner a dedo a dirigentes y militantes, algunos de la lista 404 -lista del sector de Luis Lacalle Pou-.”
El 22 de noviembre de 2023, por resolución presidencial, se liberaron 200 millones de pesos uruguayos (US) “por concepto de comisión por administración por parte de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado”. Dentro del documento del Ministerio de Economía y Finanzas, se considera que “se ha realizado un monitoreo de la ejecución de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande mediante el análisis de sus flujos de caja, considerándose que ésta realiza un ajuste a la baja de sus necesidades financieras”. El Presidente de la República resuelve entonces entregar 200 millones (4.004.151.214,88 pesos argentinos) para cubrir su actual déficit, mientras los narcos copan escuelas, la Universidad de la República se tambalea y estudiantes y docentes en los liceos sufren persecuciones y destituciones a piacere de la ANEP. Porque el que piensa, pierde, parafraseando a un grupo de filósofos contemporáneos argentinos.
Según el Pablo Rocca las irregularidades en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande generaron un gran malestar, no solo entre filas políticas por el acomodo de 34 funcionarios con cargos a medida, sino fundamentalmente entre los funcionarios que vieron estos ascensos astronómicos frente a sus narices, sin obtener incrementos salariales o más explicación que las modificaciones en la normativa interna de la CTM de Salto Grande desde 2020.
A su vez, entre los miembros de Argentina suceden irregularidades desde la última administración Kirchner, con cargos a dedo que hasta hoy siguen “sospechados” de negocios turbios, como el lavado de dinero o la sobrefacturación de donaciones de azúcar. Héctor Maya, conversó con ANALISIS y fue claro sobre los cargos de confianza que ingresaron a la delegación uruguaya. “Salto Grande es como el mar, tira la mugre para afuera”.
Sobre si es un coto de caza electoral, eso no es novedad; dice que en todas las administraciones ingresan personas de confianza, pero el ejercicio de sus cargos es lo que se mide en la CTM. Si bien los 34 cargos no ingresaron por concurso, “concursaron” a través del desempeño actual en sus cargos, siendo eficientes. En el caso de la delegación argentina, según Maya, ingresaron 20 personas, 12 cargos menos que fueron sustituidos por tecnología. En relación a la reglamentación interna de la CTM, dice que cuentan con normativas claras que no dan lugar a dobles interpretaciones.
Según El Litoral, Roberto Niez, ex presidente de la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, estuvo involucrado en “irregularidades en la gestión anterior (...) a través de sobreprecios que rondaron en un 100% del valor de referencia en compras concretadas con fondos de la CTM, en compras realizadas en los meses previos a las elecciones generales (2019), que consistían en alimentos para ser distribuidos en municipios afines a Cambiemos (luego denominada Juntos por el Cambio), fuerza política a la que pertenece el empresario concordiense Niez, quien ejercía la presidencia de la CTM en ese momento”.
Mientras tanto, según El Entre Ríos “al inicio del periodo declaró un patrimonio de $4.109.930,21, sin deudas. Al final del año declaró un total de bienes por $14.296.045,3, sin deudas ni revalúo fiscal registrado”. Una evolución patrimonial que supera los $10.000.000. En 2020, cuando inició su función al frente de la CTM, Maya declaró un patrimonio al inicio del año por $ 1.980.607,83. En tanto, Juan Domingo Orabona, designado en 2020 delegado de la CTM por Argentina, al inicio del periodo declaró un patrimonio por $25.529.832,09 y deudas por $ 48.255,40. Al finalizar el año declaró un patrimonio por 38.235.724,06 y deudas por 86.161,62. Los bienes menos las deudas arrojan una evolución patrimonial de $ 12.667.985,75. De ese total, $ 4.338.004,7 corresponden a revaluación fiscal de los mismos bienes. En 2020, al inicio de su función al frente de la CTM, declaró un patrimonio por $ 17.263.524,15”.
Yo le creo, es mi amigo
Esto dijo Luis Lacalle Pou de Penadés, pero también avaló a Astesiano, Albisu y tantas otras personas de su confianza para justificar "irregularidades" en todos los niveles de gobierno. Mientras tanto, Javier Milei juró su cargo a la Presidencia de la República Argentina, Uruguay no adhirió al pedido de cese al fuego en Gaza y el ex subdirector de la Policía, Jorge Berriel fue sobreseído por espiar y entregar información privada a Alejandro Astesiano sobre una violación grupal en una fiesta del Partido Nacional y dos rapiñas, una de ellas, vinculada al hijo de Alejandro Astesiano, quien sigue detenido en la cárcel de Flores y recientemente publicó en su cuenta de Instagram: “La lealtad no sirvió de nada, dijeron que fuiste un traidor. ¿Te parece aguantar eso? Ya se van a interesar en tu verdad. Queda poco”.
Según La Diaria, “en diciembre de 2022, cuando Lacalle Pou fue consultado por la Fiscalía sobre si estaba enterado de que Astesiano acostumbraba a comunicarse con autoridades del Ministerio del Interior y requerir información en su nombre y si dio alguna indicación concreta a Larrañaga sobre qué tipo de información debían brindarle, respondió: No, indicaciones concretas no, puedo asumir de que se entendía que si llamaba Astesiano, era como si la hubiera pedido yo la información”.
Según esta lógica de amistades y conveniencias, Burutarán dejó su cargo presupuestado pero se mantiene en la presidencia de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Según La Diaria (13/12/2023), “el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, compareció este miércoles 13 de diciembre ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados para responder sobre la situación actual de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, luego del ingreso por designación directa de una treintena de militantes nacionalistas, la renuncia del entonces titular de la delegación uruguaya, Carlos Albisu, y la posterior interpelación por este asunto a dos ministros en el Parlamento. (...)No obstante, el diputado frenteamplista Nicolás Viera, integrante de la comisión y encargado en su momento de la interpelación, dijo en rueda de prensa que el canciller informó que el presidente de la CTM, el nacionalista Martín Burutarán, y el subsecretario de Relaciones Exteriores, el colorado Nicolás Albertoni, renunciaron en noviembre a sus cargos en el organismo binacional. Pese a ocupar un puesto en la Cancillería, Albertoni tenía un cargo en la CTM. En tanto, Burutarán había ingresado de manera directa, pero pasó a ocupar la presidencia de la CTM tras la renuncia de Albisu; por lo tanto, Burutarán continuará como presidente –el cargo político– hasta el fin del período de gobierno”.
Según La Diaria, para Paganini “ya hubo 23 soluciones” con relación a los 36 cargos que durante la gestión de Albisu ingresaron por designación directa. Para Nicolás Viera, en cambio, “de esos 36 cargos la solución definitiva fue sólo para siete [cargos], que son los renunciantes a ser empleados de CTM”. Es decir, la misma práctica de cortar la cabeza visible, en este caso, la de Albisu, sigue vigente.
A pesar de que el Frente Amplio y Cabildo Abierto solicitaron la remoción de los miembros de la delegación uruguaya, Burutarán, Nicolás Irigoyen y Daniel Arcieri, según el diputado interpelante del Frente Amplio, Nicolás Viera “en las últimas horas (...)la delegación uruguaya de Salto Grande tomó resoluciones que “incrementan el costo y el mal uso de los recursos públicos”, y comentó que se firmó un convenio colectivo “mordaza” con el sindicato, que lo obliga “a no hablar del tema”, a cambio de un aumento salarial de “4% sobre el IPC (Índice de Precios al Consumo)”, algo que “ningún funcionario público ni privado del país tiene, y en año electoral es un escándalo absoluto”.
El periodista Eduardo Preve informó el 1º de noviembre pasado que, tras entrevistar en su columna de "La Tapadita" en radio M24 a Martín Giovanoni, periodista de Radio Arapey por las irregularidades en la CTM de Salto Grande, el organismo binacional retiró su pauta publicitaria de la emisora.
De nada de esto el Presidente Luis Lacalle Pou estaba al tanto. Por omisión o desconocimiento, no se exime a un asesino que no sabe que no se debe atentar contra los derechos humanos, “renuncia” a (cuántos ministros), tampoco se renuncia a la alimentación, a la educación o a la información, prepoteando a colegas, no se renuncia a la justicia. No se avalan genocidios legislados, como en el caso de Palestina. No se eliminan Ministerios. No se hacen gauchadas legisladas. Porque la democracia se desarma.
Para este informe fueron consultados el edil del Frente Amplio en Salto y denunciante, el senador Daniel Caggiani uno de los denunciantes de los casos a dedo en la CTM, Juan Pablo Rocca Selgas, edil del PS y Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Salto y Gabriel Rodríguez, ex presidente de la CTM.
