El defensor General de la provincia, Maximiliano Francisco Benítez, abogó por un cambio total del sistema penitenciario.
De ANÁLISIS
El defensor General de la provincia, Maximiliano Francisco Benítez, estuvo en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), donde analizó el impacto que tuvo el aumento de los honorarios de los abogados que derivó en una mayor demanda de defensores oficiales ante la imposibilidad de pagar dichos cargos. Y destacó que en la provincia es necesario modificar totalmente el sistema penitenciario.
En ese contexto, enfatizó: “Creo que acá lo que tenemos que hacer en la provincia de Entre Ríos es ponernos a pensar en una modificación total del sistema penitenciario. Tenemos algunas fortalezas: tenemos muchas cárceles distribuidas en todo el territorio de la provincia. Eso es una fortaleza, pero están muy viejas, muy vetustas. Y tenemos que pensar en otros sistemas alternativos a las cárceles. Uno de los problemas que tenemos actualmente es que tenemos muchísimos presos, se han incrementado muchísimos presos con condenas cortas. Las condenas cortas, la verdad es que no tienen sentido. No ayudan a la persona porque lo sacan del sistema, pierden trabajo por unos pocos meses que están presos. Entonces, tenemos que buscar otra alternativa y no llevarlos a esas personas que están penadas por ocho meses, un año y medio, etcétera, a pabellones con presos que están a perpetua. Tenemos que empezar a diferenciar esas cosas”.
-Usted tiene la particularidad de ser oriundo de Concordia. ¿Cómo le cayó lo del senador nacional Edgardo Kueider?
-Yo creo que es un momento difícil para la democracia de nuestro país. Y evidentemente todas estas cosas, flaco favor le hacen a que la sociedad crea en las instituciones. Más allá que, lógicamente, como defensor público, el rol que cumplo, entiendo que se debe dar el debido proceso y se den todas las instancias que correspondan y el derecho de defensa que se pueda tener. Pero, como noticia, debemos reconocer que le hace flaco favor a la credibilidad de las instituciones.
-Además, es inentendible. Cuando surgió la noticia no se podía creer que tuviera más de 200.000 dólares consigo y sin declarar.
-Eso se van a dar las instancias, digamos, de investigación lo que corresponda. Pero, lógicamente, esto hace que la gente descrea en nuestro país.
- ¿Qué impacto tuvo en estos meses la actividad de la Defensoría el aumento de los honorarios de abogados que autorizó la Legislatura? ¿Se incrementó realmente el trabajo de los defensores oficiales?
-Efectivamente. No creo que sea la única causa el aumento de los honorarios de los abogados. Se ha incrementado muchísimo. Se viene incrementando en los últimos años muchísimo la actividad de toda la Defensoría, de la Defensoría Civil, de la Defensoría Penal, de la Defensoría de Niñez, y evidentemente eso repercute en el funcionamiento. Nosotros estamos en un momento de crisis: crisis económica, no de ahora, sino que esto viene… pero, se ha incrementado durante estos últimos meses y efectivamente esto repercute en la Defensoría Pública. Nosotros trabajamos con la vulnerabilidad. Hoy de lo que había hace unos años, unos meses atrás… recuerdo -porque era defensor público en 2001, 2002, 2003-, y era terrible el trabajo que teníamos. Y todavía acá no lo notamos, porque todavía… los índices de delito se miden por los homicidios cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos en la Argentina un 4,2, o sea que tenemos uno de los índices históricos de menor cantidad de homicidios en el país. Estamos por debajo de países como la República Oriental del Uruguay, ni que hablar de países como Brasil, que rondan 23 homicidios cada 100.000 habitantes. Pero esto, nosotros en el 2001, 2002, 2003, no fue así. Llegamos a un índice de 9 cada 100.000 habitantes. Estamos en menos de la mitad ahora, y esperemos que esto no se agrave. Porque, si bien es cierto, la pobreza no es la única causa del delito, pero sí que influye en gran parte.
- ¿Quiere decir que se amplió la estructura de la defensoría? ¿Se amplió el presupuesto? ¿Cuántos defensores había hace 10 años y cuántos defensores hay hoy?
-Bueno, nosotros tuvimos una ampliación de defensoría cuando se inició el sistema acusatorio. Fue gradual. Nosotros comenzamos con el sistema acusatorio en el 2009 en la ciudad de Concordia y después lo fuimos ampliando con Concepción del Uruguay, Gualeguaychú. Teníamos, creo que éramos 33 o 34 defensores en ese momento y llegamos a pasar al día de hoy con todos los incrementos, porque cuando se incrementó en Concordia se pusieron más defensores en Concordia, cuando llegó el turno de Uruguay se pusieron más defensores en Uruguay, o sea, fue paulatino eso. En este momento tenemos 78 defensores públicos totales: civiles, penales, de niñez y multifueros. Los defensores multifueros son aquellos defensores en las localidades más pequeñas que hacen civil, penal, niñez, hacen todas las ramas, por eso se llama multifueros. Lógicamente, nosotros tenemos en este momento en la Legislatura un proyecto de ley de cargos, necesitamos urgentemente.
- ¿Cuántos están requiriendo?
De acuerdo a las necesidades presupuestarias que nos planteó el Poder Ejecutivo, tanto la Judicatura como el Ministerio Público Fiscal, como en mi caso la Defensa, hemos resignado un montón de cargos que, en el proyecto originario, que era con el gobierno del contador (Gustavo) Bordet, estaban previstos… porque en definitiva nunca se aprobó. Así que en este caso son para el Ministerio... de 78 a 50. Quiero decir, de 78 cargos que teníamos previstos, ahora nos van a dar 50 cargos.
- ¿Puede compartir alguna estadística que sustente esas necesidades?
-Le puedo hablar en lo que traje de estadística, por ejemplo, penales… lo que pasa es que los penales es más fácil medirlo porque nosotros defendemos alrededor del 90 y tanto por ciento de las causas que tramitan en la provincia de Entre Ríos. Y en el caso de Ejecución de Pena defendemos el 98 o 99 por cada 100 casos de Ejecución de Pena. Cuando ingresé como defensor general en el 2009 teníamos alrededor de 700 presos en todas las unidades penales de la provincia de Entre Ríos. En el día de hoy estamos en 2.800 presos, o sea, casi que cuadriplicamos la cantidad de presos. Y eso se debe a numerosas cuestiones, pero fundamentalmente a la aplicación del sistema acusatorio. El sistema acusatorio es un sistema que es mucho más rápido. Entonces, las condenas efectivas se producen en el tiempo mucho antes de lo que ocurría con anterioridad. Fíjese que nosotros, por ejemplo, acá en la cárcel de Paraná tenemos casi 1.000 presos. Y en Concordia tenemos 419 presos. Es una barbaridad de presos. Cuando yo estaba en Concordia como defensor, y si llegábamos a los 100 presos nos asustábamos. Por supuesto, se han hecho otros pabellones, se han mejorado. Pero, creo que acá lo que tenemos que hacer en la provincia de Entre Ríos es ponernos a pensar en una modificación total del sistema penitenciario. Tenemos algunas fortalezas: tenemos muchas cárceles distribuidas en todo el territorio de la provincia. Eso es una fortaleza, pero están muy viejas, muy vetustas. Y tenemos que pensar en otros sistemas alternativos a las cárceles. Uno de los problemas que tenemos actualmente es que tenemos muchísimos presos, se han incrementado muchísimos presos con condenas cortas. Las condenas cortas, la verdad es que no tienen sentido. No ayudan a la persona porque lo sacan del sistema, pierden trabajo por unos pocos meses que están presos. Entonces, tenemos que buscar otra alternativa y no llevarlos a esas personas que están penadas por ocho meses, un año y medio, etcétera, a pabellones con presos que están a perpetua. Tenemos que empezar a diferenciar esas cosas.
- ¿Cuántos defensores oficiales están en defensa de delitos de corrupción?
-En un solo caso.
- ¿El de Cardona Herreros?
-Sí, exacto.
-Usted sabe que son casos donde se utilizan estrategias cuestionables desde la óptica institucional para evitar o dilatar por mucho tiempo la realización del juicio. ¿Es razonable que funcionarios públicos acudan a ustedes para que lleven adelante estrategias?
-No es común, no es común. Inclusive no lo haría, no lo recomendaría; porque realmente más allá de la habilidad del defensor, no tenemos estructura. Para esto el delito debe tener estructura. Y una de las cuestiones que tenemos nosotros en la defensa pública, de la falencia que tenemos y a nivel nacional, es que no tenemos estructura para la producción de nuestra propia prueba.
-Debe generar bastante controversia todo esto para adentro la defensoría.
- Ustedes saben que en los delitos de lesa humanidad a los jerarcas del proceso militar fueron defendidos en su gran mayoría por defensores públicos, porque no nombraban defensores y tenemos la obligación de brindarle una defensa. Y se demoraban las causas, entonces tuvieron que ir los defensores públicos a defender a esos casos. Aparte, por reglas que son aprobadas con muy posterioridad al proceso militar, ya se tiene claro que nosotros somos operadores de Derechos Humanos y debemos defender a todas las personas en condición de vulnerabilidad. Y quien esté detenido, preso, privado de la libertad, son una de las personas, independientemente de su poder económico, vulnerables.
