Proponen que los candidatos a gobernador de Entre Ríos tenga su debate obligatorio.
Ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley que dispone que en la provincia se implemente un debate obligatorio de candidatos a gobernador. La autoridad de aplicación será el Tribunal Electoral de la Provincia, que dispondrá la fecha, la hora y la modalidad en acuerdo con los candidatos.
La propuesta es impulsada por el diputado provincial Sergio Kneeteman (Cambiemos-Paraná) y prevé sanciones para aquel postulante que no participe.
La iniciativa establece que se implemente “entre los candidatos a Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, el Debate Preelectoral Público y Obligatorio a fin de que la ciudadanía pueda contar con mayores elementos informativos en vista del ejercicio de su derecho a voto”.
“Los candidatos oficializados a Gobernador de la Provincia estarán obligados a participar del debate público en el que expondrán al electorado las propuestas relativas a sus respectivos planes de gobierno”, se indica en otro párrafo y se establece que “el debate tendrá lugar entre 10 y siete días corridos anteriores a la fecha de la elección”.
El proyecto dispone que la Autoridad de Aplicación de la norma será el Tribunal Electoral de la Provincia de Entre Ríos, que tendrá a su cargo la puesta en marcha del debate.
En el cuarto artículo se dispone que la fecha y horario del debate, así también como su modalidad en relación a los tiempos, derecho a réplica, preguntas y los temas a tratar serán acordados en una audiencia entre los candidatos y sus apoderados, convocada por la Autoridad de Aplicación. En el caso de no mediar acuerdo entre las partes, será el Tribunal Electoral el que determine esos puntos.
También la Autoridad tendrá la potestad de elegir el lugar para la realización del debate, sus moderadores y los mecanismos para la participación presencial del público. Además tendrá a su cargo la elaboración de un reglamento por el cual se establecerán la estructura y la dinámica bajo las cuales se desarrollará el debate, procurando el trato igualitario entre los candidatos y la igualdad en el tiempo de exposición y de réplica de cada uno de ellos. "El orden de exposición de los candidatos se determinará por medio de un sorteo público” señala el anteproyecto.
En otro de los artículos se establece que “las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los principios democráticos y los derechos humanos, y las instituciones académicas podrán ser convocadas por la Autoridad de Aplicación con el objetivo de colaborar en la definición de los temas del debate”.
En cuanto al financiamiento, se dispone que se imputará a las partidas asignadas al Ministerio de Gobierno.
Por otra parte, el proyecto da cuenta de las sanciones a los postulantes que se nieguen a participar del debate: “La negativa de alguno de los candidatos a participar en el debate público obligatorio supondrá la imposición por parte de la Autoridad de Aplicación de una sanción económica que será determinada en la reglamentación de la presente”.
