La Granja El Potrero está repleta de internos.
Por Nahuel Maciel
Publicado en diario El Argentino
El juez de Garantías y Transición N° 2 de Gualeguaychú, Ignacio Boris Telenta, recibió el lunes una nota oficial que da cuenta que la Unidad Penal N° 9 Granja El Potrero, se encuentra con su capacidad máxima agotada para recibir internos.
En los tres Poderes del Estado provincial el dato no es ninguna novedad, aunque la nota remitida al juez por el director de esa Unidad Penal, prefecto Javier Osvaldo Bossi, hizo correr un hilo frío por la espalda de los operadores del servicio de Justicia. ¿Qué hacer con los futuros condenados? Porque lo que ocurre en la Granja Penal, es una realidad que se repite en todas las cárceles de la provincia.
El escrito que llegó al juez Telenta –y al que accedió diario El Argentino- sostiene que esa Unidad Penal “se encuentra con su capacidad máxima de alojamiento agotada, con una totalidad de 260 internos, entre ellos masculinos y femeninos, procesados y condenados, tanto federales como provinciales”.
La nota en rigor es una orden emanada de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos para que tomen nota todos los Juzgados. En buen romance: la Justicia no puede enviar más condenados ni procesados a la UP 9 Granja El Potrero, por falta de espacio.
El colapso en este sentido no sólo implica una saturación o hacinamiento, sino también la destrucción o debilitamiento del propio sistema.
La Unidad Penal N° 9 Granja El Potrero es un fiel exponente de esa destrucción del sistema que se fue ejecutando al haber desvirtuado los objetivos de su creación.
Esta situación se repite en las demás cárceles de la provincia. Vale recordar que la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora había admitido días pasados en el programa A Quien Corresponda de Radio De la Plaza Paraná, que “la Unidad Penal 1 está en emergencia y en una situación crítica” ya que “mínimamente se alcanza a cubrir la demanda de plazas”.
La Granja Penal
En 2014 llegaron los primeros internos a la Granja Penal El Potrero, inaugurada como un sistema modelo. Se trataba de cuatro internos, de los cuales tres provenían de la Unidad Penal N° 4 de Concepción del Uruguay, mientras que el cuarto llegó procedente de la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay.
Con la llegada de estos primeros internos quedó operativamente inaugurada la Colonia Penal, considerada como modelo por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos.
Con esta apertura, se ponía en funcionamiento la segunda Unidad carcelaria en Gualeguaychú, destinada al alojamiento de reclusos que habían sido evaluados rigurosamente y fueron calificados como aptos para cumplir la última parte de sus condenas en ese lugar ubicado en el kilómetro 27 de la Ruta Nacional N° 136, en el que la principal actividad será la agrícola ganadera.
El colapso
El lunes pasado, desde la Granja Penal se comunicó formalmente a los jueces que su capacidad máxima llegó al límite con 260 internos.
Se trata de una realidad que ha sido anticipada de manera reiterada por todas las autoridades del Servicio Penitenciario y su actual director, Marcelo Sánchez, no fue la excepción al reconocer que, en la actualidad, en las nueve unidades penales entrerrianas hay 2.600 internos, lo cual representa “una cifra récord, que ha pasado la media histórica”.
Al momento de explicar este notable incremento, los factores son varios, pero los principales están vinculados con la modificación del Código Procesal Penal, que llega a condenas en tiempos más ágiles; y la recurrente actividad delictiva que suele incrementarse en determinados períodos históricos o contextos económicos sociales.
La Ley de Narcomenudeo no ha sido influyente, porque de los 2.600 internos, solamente 70 personas se encuentran alojadas por ese régimen.
Y el otro dato no menor: se estima que el 80% de la población que está alojada en las unidades penales de la provincia “tiene una condena firme” y el otro 20% están comprendidos bajo la figura de prisión preventiva y los que afrontan causas federales.
Al límite
Lo conocido el lunes en cuanto a la imposibilidad de la UP 9 de recibir nuevos internos por estar su capacidad de alojamiento saturada al máximo, es una realidad que se replica en las demás unidades penales que también tienen su capacidad sobrepasada.
Se insiste: no es secreto para nadie que luego de la reforma del Código Procesal Penal (se inició en 2009, pero por etapas en la provincia y finalizó de completarse en septiembre de 2014 con la puesta en vigencia en Paraná), se produjo un notable incremento de la población penal e incluso en algunos casos se tuvieron que adaptar espacios de oficinas, talleres, depósitos y capillas, para alojar a los nuevos detenidos como ha sucedido en su momento en la Unidad Penal N° 1 de la capital provincial.
Por su parte, el gobernador Gustavo Bordet es consciente de esta realidad y tiene la decisión política de ampliar la capacidad de alojamiento del Servicio Penitenciario, aunque es la falta de financiamiento y el nulo apoyo del gobierno nacional su mayor obstáculo.
Esta realidad tiene un agravante con el estado de infraestructura de la Unidad Penal N° 2 que existe en la ciudad y que es considerada como una de las más deterioradas de las nueve que existen en la provincia y cuyo destino no es otro que su relocalización. En la UP 2 sus paredes ni siquiera soportan una mejora edilicia, además de que su sistema arquitectónico es contraproducente para toda iniciativa de resocialización.
