A través de la resolución N° 1.565 el Consejo General de Educación (CGE) dispuso el “restablecimiento, a partir del día martes 22 de junio de 2021, de las clases presenciales en todos los establecimientos educativos de la Provincia”. Entones, la novedad fue la ampliación de la presencialidad en el Gran Paraná a todos los niveles. El lunes 14 del actual se había dado el regreso de los niveles inicial y primario; en tanto, el nivel secundario y superior tuvo su vuelta a la presencialidad a partir del martes 22.
Pero la decisión de Educación chocó con la postura de los principales gremios del sector, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER); la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la minoritaria Unión Docentes Argentinos (UDA), que votaron sostener el proceso educativo en la virtual de modo de resguardar la salud de docentes y alumnos. Los sindicatos entendieron que la pandemia de coronavirus supone altos niveles de contagiosidad con el movimiento en las escuelas, y resolvieron que maestros y profesores no asistan en forma presencial sino que desarrollen sus tareas de manera virtual.
Pero el CGE emitió una resolución, la N° 1.542, fechada el 16 de este mes, estableció registrar con inasistencias injustificadas a los docentes que mantengan la virtualidad. En resumen, significa que se le aplicará el descuento a los docentes que hayan continuado con las clases virtuales, consignó Entre Ríos Ahora.
La decisión oficial motivó una presentación en la Justicia por parte de AGMER, AMET y UDA. El trámite recayó en el titular del Juzgado Laboral N° 3, José Antonio Reviriego, ante quien los sindicatos promovieron una medida autosatisfactiva innovativa -similar a un amparo- contra el Consejo General de Educación (CGE) y el Gobierno de Entre Ríos para que se «ordene» dejar sin efecto el dictado de clases presenciales «mientras persista la situación sanitaria» derivada de la pandemia de coronavirus.
También, solicitaron que «se dejen sin efecto los actos administrativos que hubiere dictado en contrario y aquellas disposiciones que disponen represalias contra los docentes que se adhieren a las medidas de acción gremiales resueltas para procurar la protección de los derechos a la salud y a la vida que se ponen en riesgo con los dispositivos que instamos se dejen sin efecto». Se trata de una clara referencia a la resolución N° 1.542, del 16 del actual, a través de la cual el Consejo de Educación dispuso que “el desarrollo de las clases en los establecimientos educativos dependientes del Conejo General de Educación, a partir del 14 de junio del corriente, es con la modalidad presencial o mixta”, debiéndose “en caso de incumplimiento, cargar las inasistencias injustificadas”.
El pleito no se ha resuelto en la Justicia, y así el conflicto tiene final abierto.
