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La ONG Entre Ríos Sin Corrupción presentó al gobernador Gustavo Bordet un pedido formal de revocatoria contra el decreto mediante el cual se convocó a concurso para cubrir vacantes en los organismos de control de las cuentas públicas: el de Fiscal de Cuentas y el de Vocal del TCER, un cargo de Contador General y un cargo de Tesorero General de la Provincia.
“Observamos que, algunos aspectos de dicho llamado, confrontan rotundamente con la normativa constitucional que rige la materia, así como con las normas reglamentarias de la misma, por lo que solicitamos que se revoque la misma. Consecuentemente y de manera precautoria, solicitamos se suspenda la convocatoria hasta que la misma se ajuste a las condiciones constitucionales que la hacen legítima”, sostuvo la ONG en el escrito al que accedió ANÁLISIS.
Y recalcó: “Tan sólo quince días antes de producido un llamado a concurso, se dejó sin efecto las normas reglamentarias dictadas durante los años 2016 y 2017 (decretos N° 2719/16, 3750/16, 1145/17 y 2664/18), para dictar una nueva reglamentación orientada concretamente a la realización de estos concursos, a través del Decreto N° 814 Gob. (BOER 4/4/23)”.
Al detallar los integrantes designados para el jurado, la ONG señala al Ejecutivo: “Si usted designa el Presidente del Jurado en este Acto, nunca pudo haber designado en el mismo el resto de jurados, pues es imposible que dicho representante del ejecutivo haya solicitado listas, y que las mismas hayan sido cumplimentadas y regresadas por cada uno de los estamentos, cuando la norma incluso les da 10 días desde su solicitud para responder. Claramente se ha tomado un listado enviado en forma previa y no contemplado en la regulación hecha por el propio poder ejecutivo. Incluso si se quisiera argumentar la vigencia del decreto 1145/17 al momento de solicitar dichos listados, también se caería en una irregularidad en la legitimidad de las listas utilizadas pues tampoco el Presidente del Consejo de la Magistratura - quien según la normativa anterior era el Presidente del Jurado-, pudo haber solicitado listados para jurados de cargos cuyos concursos aun no habían sido convocados (y tal vez ni se encontraban aún vacantes al solicitarse las listas)”.
Entre los cuestionamientos, además, se apunta a los representantes de las asociaciones civiles elegidos para que integren el jurado.
“Sumamos en nuestro listado de arbitrariedades, que el propio Poder Ejecutivo, al elegir los representantes de las asociaciones civiles, debió atenerse a la manda constitucional la cual ha establecido como requisito indispensable para las asociaciones civiles que tendrán representación en dicho Jurado, que su “objeto principal sea la promoción de la transparencia y la ética en la función pública””, remarcaron. Y acotaron: “Es fácil advertir, que ninguna de las asociaciones representadas cumple con el requisito constitucional en relación con su objeto principal”.
Además, cuestionaron que tampoco cumplen, los designados, el requisito de ser contadores.
