La iniciativa se está debatiendo en la Comisión de Legislación General.
De ANÁLISIS
Está en debate en la Cámara de Diputados un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que apunta a ordenar la gestión de los inmuebles del Estado y promueve para ello la creación de una agencia. Un artículo en particular, que elimina la obligación de que las ventas de tierras y edificios sea autorizada por ley, como se hace desde hace décadas, es considerada un retroceso en materia de control por parte de la oposición. “Rogelio Frigerio quiere hacer su inmobiliaria”, apuntan en la oposición.
El proyecto ingresó en junio y recién comenzó a ser tratado en comisión en septiembre. Dispone la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (AABIPER) en el ámbito de la Secretaría General de la Gobernación.
La función principal de esta agencia será ocuparse de toda la actividad inmobiliaria del Estado. También la creación y gestión de un inventario de los mismos.
Actualmente, los bienes en cuestión son administrados desde dos organismos dependientes de la Fiscalía de Estado: la Dirección de Administración de Tierras Fiscales y la Unidad de Control de Inmuebles. Esas oficinas dejarían de existir y sus bienes y empleados pasarían a depender de la nueva agencia.
“La generación de recursos económicos a partir de operaciones inmobiliarias” es una de las facultades asignadas. La agencia podrá vender bienes incluso si están asignados a un uso específico “que no fuera conveniente a los bienes del Estado”.
También tendrá potestad de asignar bienes a organismos provinciales, nacionales y municipales a título gratuito y gestionar la venta de inmuebles del Estado mediante subastas.
La carencia de una política pública que ordene el manejo de los inmuebles del Estado es uno de los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo para impulsar los cambios.
Normas reiterativas, muchos organismos intervinientes, criterios disímiles y la ausencia de un registro son algunas de las falencias enumeradas en los fundamentos.
El artículo de la polémica
Desde la sanción de la ley 5.140, en 1996, si el gobierno entrerriano quiere vender, ceder, donar o transferir la titularidad de un bien debe elevar un proyecto a la Legislatura y lograr su aprobación.
La iniciativa en debate, en su artículo 16º, exceptúa de esta autorización legislativa a las operaciones en las que intervenga la nueva agencia.
“Es un proyecto complicado. Si bien es cierto que hay que mejorar los procesos de administración de los bienes del Estado, lo polémico en este caso es la eliminación de la intervención previa de la Legislatura para vender una propiedad, tierras o cualquier bien mueble o inmueble”, comentó a este medio un legislador de la oposición.
Hubo cuestionamientos tanto del bloque del PJ como de miembros de las bancadas libertarias. “Nada impide que el gobierno de turno le ceda tierras a sus amigos para hacer negocios. Frigerio quiere hacer su propia inmobiliaria”, apuntaron.
El proyecto está siendo analizado en la Comisión de Legislación General. En ese ámbito participó el coordinador de Asuntos Legales Estratégicos de la Gobernación, Matías Plugoboy, que confirmó la eliminación de la autorización legislativa.
“La conformación de esta agencia establece la posibilidad de agilizar la venta de aquellos inmuebles que se consideren pertinentes luego de un estudio y análisis. Se haría a través de una subasta, pero sin necesidad de que pase por la Legislatura como es en la actualidad”, explicó el funcionario a Radio Diputados.
En la comisión que preside el radical Marcelo López llamó la atención que quien apareció a defender el proyecto fue el arquitecto Guillermo Marcone, referente del MID de Concordia, que fue precandidato a intendente por esa fuerza y luego candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio en tercer lugar. “Fue presentado por el diputado López como participante en representación de Ivan Kerr”, contó uno de los presentes.
Kerr fue secretario de Vivienda de la Nación del gobierno de Mauricio Macri, con Frigerio en el Ministerio del Interior. En Entre Ríos fue designado como síndico de Enersa.
Marcone fue nombrado en mayo al frente del Distrito Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad, pero se quedó sin cargo en agosto cuando el presidente Javier Milei decidió remover a todos los jefes de distrito de Juntos por el Cambio.
Según los partes de prensa oficiales, en la Comisión de Legislación General, Marcone “se explayó sobre los fundamentos que respaldan la creación de la agencia y respondió consultas de los legisladores presentes”.
Hay quienes ven en el dirigente concordiense al futuro titular de la agencia. El cargo tendrá rango similar al del secretario General de la Gobernación y su designación directa por parte del gobernador, sin concurso previo, también genera resistencias en los bloques opositores.
