Judiciales

Desde sus vacaciones en Uruguay, el futuro presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Germán Carlomagno, brindó definiciones sobre algunos de los temas más importantes que tendrá en su gestión y también habló del juicio político contra la vocal Susana Medina.

Durante la madrugada, una joven mujer de 25 años se comunicó con el 911, por un incidente de violencia en su hogar, ubicado en calle Diamante de la localidad de San Benito, donde su pareja habría intentado matarla.La mujer informó que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con su pareja, un hombre de 43 años, cuando comenzaron a discutir.

La fiscalía confirmó que menores eran utilizados en forma activa para la venta de drogas. Arrestaron a 39 integrantes de clanes criminales.

Prefectura Concordia logró retener bultos que contenían cartones de cigarrillos que intentaban transportar por contrabando hacia Uruguay.

El hecho habría comenzado cuando el hombre interceptó a la mujer en una calle de tierra alejada de la ciudad

Más allá del perjuicio económico para el Estado, el principal afectado por el juego ilegal es el propio jugador. Al operar fuera del circuito habilitado, no existen garantías claras sobre la transparencia de las operaciones ni canales formales para realizar reclamos ante conflictos o irregularidades

Es en la causa por el presunto fraude millonario contra el Estado durante el gobierno de Mauricio Macri. El expediente tramita en el juzgado a cargo de Julián Ercolini.

El CELS pidió frenar el DNU que amplía facultades de la SIDE y habilita detenciones sin orden judicial, por considerar que viola derechos y la Constitución.

Se trata de un empleado del Congreso y de un primo del ex senador. Ambos habrían formado parte de una empresa que la Justicia considera una pantalla para disimular ingresos irregulares

Dos de las personas que fueron allanadas a fines de diciembre en el marco de la investigación judicial que lleva adelante la Fiscalía de Paraná por el caso del desvío de mercadería del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, enviaron a ANÁLISIS un descargo en el cual afirman que se pretende “criminalizar la labor social”