La respuesta que debe dar la provincia ante la Nación

Sólo un escandalito más

Edición
711

J. R.

Desde la Casa Rosada la espacialidad de lo que tan ampliamente llaman provincias, encierra un concepto difuso. Para la gestión nacional hay un problema con los fondos destinados a la salud de las personas con mayores carencias, y listo. No hay puntos grises, del mismo modo en que no se entiende que haya grados de responsabilidad según los apellidos. No hay Bordet, ni Balocco, ni Legascue, ni Degani. Hay una provincia que descuidó una astronómica suma de dinero, y punto. Ni más ni menos que dinero que era, en muchos casos, para la salud de los pobres.

De esa visión difusa y englobadora pueden dar fe los responsables de la contabilidad y gestión del Consejo General de Educación (CGE) tras una amarga experiencia vivida hace un año. Mientras en el edificio de calle Córdoba se traspasaban las culpas por “presuntas irregularidades”, en la cartera comandada por el ministro Daniel Filmus hablaban de una sola cosa: que Entre Ríos no cuidó los recursos que el gobierno central enviaba con destino específico. Y como consecuencia de eso, hace exactamente un año, el CGE quedó marginado del envío de dinero para financiar programas de capacitación docente.

Cuando el poder central olfateó que habría irregularidades ni dudó un instante: cerró el grifo y obligó a comenzar un nuevo diálogo. Costó un enorme esfuerzo reconquistar los recursos para una gestión, por entonces a cargo de Felipe Ascúa, que estaba corroída por el desgaste.

Si la ruta del dinero para las gestiones de gobierno (de la provincia va a la Nación y ésta devuelve lo que quiere a la provincia) violenta los principios federales de esta organización histórica-jurídica, es un problema aparte. Al fin y al cabo, el actuar gobernador siempre aplaudió ese mecanismo e hizo votar todas las leyes provinciales para que así sea.

Auditoría ¿interna o eterna?

Ahora, con la situación planteada con programas nacionales, la Secretaría de Salud saca un comunicado escueto que indica -respecto de las “presuntas irregularidades”- que se dispuso una auditoría interna, “que determinó dar vista a los organismos de control correspondientes”. La información oficial sólo salió a la luz “ante las versiones periodísticas”, según admite el mismo escrito.

No obstante, alguna otra versión indica que la situación fue advertida de antemano por algunos estamentos contables y legales del área, y que si se hizo público luego fue porque el calendario se deshojaba -jornada tras jornada- sin que haya ningún tipo de novedades respecto de los resultados del pedido de auditoría.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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