Off the record
¿Sigue la limpieza?
En diciembre del año pasado, este semanario daba cuenta de una importante purga en Policía de Entre Ríos dispuesta por el entonces flamante jefe de la fuerza, Héctor Massuh. En ese momento, 23 agentes fueron pasados a disponibilidad por distintas faltas. Pero la limpieza en la fuerza de seguridad parece no detenerse. Ahora le tocó al comisario principal Julio César Brumatti, a quien se le inició un sumario administrativo por utilizar un vehículo en forma particular. El efectivo policial planteó una serie de nulidades en el proceso, por la violación del derecho de defensa, por la inclusión irregular de pruebas en el sumario administrativo y pidió la nulidad de la declaración de un funcionario policial.
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Si bebe y conduce, será atrapado
Desde hace algunas semanas, los inspectores municipales paranaenses han retomado los controles de alcoholemia a los conductores. Sin el estruendo de los días en que se lanzó el programa con cámaras televisivas de por medio y con horarios preanunciados, ahora son sorpresivos y en arterias estratégicas de la capital entrerriana. Así, fueron sorprendidos propios y extraños, que cayeron luego de soplar el aparato de medición de consumo de alcohol. Sin embargo, en los últimos días se vieron algunas fallas en el sistema. Un turista que había elegido Paraná como lugar de descanso turístico durante el fin de semana largo fue atrapado en la madrugada del domingo por los inspectores que al comprobar un exceso en el consumo de alcohol no le permitieron seguir conduciendo. Como nadie pudo suplantarlo, el hombre tuvo que dejar que la grúa se llevara su automóvil, pero cuando al otro día quiso retirarlo no pudo hacerlo porque el estacionamiento donde se depositan los vehículos secuestrados sólo abre los días hábiles, por lo que tuvo que esperar recién hasta el martes, a pesar del pataleo. Igual suerte corrió un chofer de Remises Capital, la empresa con la que el municipio mantiene una polémica por las habilitaciones para circular por la ciudad de Paraná.
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Aportes de campaña
El uso del aparato del Estado en las campañas es algo que ya no sorprende a nadie, sobre todo después de la confesión del ex funcionario bustista Oscar Mori, que reveló cómo se hacían negocios desde el Estado para recuperar los gastos de proselitismo. Pero la fragmentación del justicialismo para las próximas elecciones generó un nuevo panorama que el gobierno parece dispuesto a enfrentar con nuevas/viejas prácticas. Tras la oficialización de la fórmula Sergio Urribarri-José Lauritto, el gobierno se dispuso a ayudar a varios municipios a través de aportes no reintegrables. Así, por ejemplo, Santa Elena recibió 3.000 pesos para la organización de la Fiesta Provincial de la Chamarrita, Basavilbaso 50.000 pesos para la pavimentación del acceso al Hospital Sagrado Corazón del Jesús y luego un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) por la suma de 60.000; Nogoyá 35.000 pesos para solventar los gastos de los corsos oficiales y luego otros 20.000 para la realización de la Fiesta de la Guitarra; mientras que San Justo recibió un ATN por la suma de 30.000 pesos, Santa Anita otro por un monto similar, al igual que Los Charrúas.
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Se quedó sin nada
El abogado Carlos María Scelzi es hijo de Carlos José Scelzi, ex diputado nacional y nieto de Carlos María Scelzi, tres veces intendente de Concepción del Uruguay, ex legislador nacional y viejo caudillo del peronismo entre las décadas del ’70 y los ‘80. Fue designado en planta permanente del Estado provincial el 7 de diciembre de 1999, es decir, tres días antes de que Jorge Busti entregara el gobierno a Sergio Montiel. El abogado se desempeñaba como secretario legal del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos desde febrero de 1996. Sin embargo, en los primeros días del año 2000 recibió una carta documento en la que se le notificaba que en virtud de la Resolución Número 02 basada en la Ley 9.235 debía cesar en su cargo de funcionario político del organismo.
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Publicación abstracta
Hace una semana, esta misma sección daba cuenta del retraso que tenía el gobierno en la publicación de los decretos, a pesar de haber sido una de las banderas en sus cuestionamientos a la anterior gestión de Sergio Montiel. Un ejemplo de ello surge de la lectura del Boletín Oficial del 25 de septiembre pasado, cuando se publicó el Decreto Número 581, fechado el 28 de febrero de 2006, a través del cual se dispuso la prórroga en la convocatoria a elecciones para la elección de autoridades en el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER).
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