Poder ejecutivo
Federico Malvasio
La crisis económica empieza a marcar una flecha ascendente en juicios de ejecución por parte de bancos, financieras y deudas de impuestos. Las herramientas de financiamiento terminan siendo una pesadilla para el poder adquisitivo. Los consumidores tienen límites para defenderse frente a un litigio. En esta nota, ANALISIS da cuenta del número de causas ingresadas desde octubre del año pasado en el Juzgado de Ejecución. El sector productivo aún carga con deudas de lo que fue la implosión financiera de 2001. Una investigación pone el ojo en el sobreendeudamiento como un problema sociológico.
En las letras jurídicas, y también en la práctica, el sistema financiero siempre ha sido impermeable a una crisis terminal. En la Argentina de 2001 la pudo haber tenido, pero la política lo evitó. Cuando se beneficia a unos se perjudica a otros. La misma lógica podría valer para las reglas que rigen las políticas recaudatorias de tributos, dictadas, a menudo, sin un estudio previo de tal manera que sea progresiva.
El estancamiento del poder adquisitivo y la inflación, que crece silenciosamente solapada detrás de conflictos de otra índole, pone en riesgo la capacidad de pago de los ciudadanos. Una tendencia creciente de litigios por parte de bancos, financieras y las gestiones provinciales y municipales así lo demuestra.
Los que nunca pierden
Los bancos han ideado una suerte de herramientas de financiamiento difíciles de eludir en un mundo completamente bancarizado. La creación de una caja de ahorro o cuenta corriente viene acompañada automáticamente de la posibilidad de obtener una tarjeta de débito o de crédito y, en caso de tener un auto, del seguro. Todo puede ser descontado de la cuenta.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
