Al límite
Federico Malvasio
El Estado enfrenta un considerable número de juicios. Tras la reforma de la Constitución provincial hubo cambios en la Fiscalía de Estado. La estructura de profesionales no da abasto y los salarios –según su titular– no se corresponden para la responsabilidad que tienen. Los casos de usucapión se incrementaron de forma alarmante. En esta nota, ANALISIS cuenta cómo funciona el organismo, cuáles son las causas más comunes, y da a conocer un número estimativo de dinero que le reclaman al Estado.
Hacerle un juicio al Estado, porque seguramente el demandante saldrá ganador, es un mito. Las cifras siderales que se piden, por ejemplo en una denuncia por mala praxis, dan cuenta de ese imaginario. Sí es cierto que el 90 por ciento de litigios que tiene el Estado son demandas. Pero no todas se pierden y mucho menos se paga lo que se reclama.
También hay que decir que los diferentes gobiernos han cometido errores que luego terminaron siendo demasiado caros para las arcas provinciales. Por ejemplo: la privatización del Banco Entre Ríos, cuyo sistema de transferencia terminó generando una catarata de litigios. Los conflictos laborales en el ex Frigorífico Santa Elena, en LAER, y lo que derivó de la ley 9.235, que daba de baja los contratos de locación de servicios. Estos son algunos casos en que el Estado tuvo que abonar mucha plata, quizás, por medidas desacertadas.
Control de legalidad
La Fiscalía de Estado fue uno de los organismos que más cambios sufrió en el proceso de reforma de la Constitución.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
