Polémica por una cláusula de la carta magna entrerriana

La difusa aplicación de la Constitución

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881

Silvio Méndez

Los apacibles cambios de autoridades en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) hasta ahora se habían sucedido casi sin una gran trascendencia. Pero tras dos períodos consecutivos al frente a la casa de altos estudios del rector Eduardo Asueta y su vice, Eloísa De Jong, el proceso eleccionario para el inminente traspaso de mando que se sucederá el 24 de abril en Villaguay no parece transitar por los mismos carriles. Tal vez el calor de los debates que tuvieron amplia repercusión el año pasado, en los que se discutieron el financiamiento educativo y la aceptación de los turbios fondos provenientes de la minera Bajo La Alumbrera, ha desencadenado un estado asambleario pocas veces visto en la UNER.

En este clima, donde Asueta concluye su mandato con una deshilachada imagen, se presentaron de forma inédita cuatro postulaciones a sucederlo, de la cuales quedaron tres fórmulas luego de la efímera campaña virtual y abandono de Luis Laferriere –docente de las facultades de Educación y Económicas-. Así, para consideración de los 194 miembros de la Asamblea Universitaria que componen los consejeros directivos y superiores de las unidades académicas que se reunirán para elegir los nuevos regentes, llegan tres binomios: Miguel Fernández (decano de la Facultad de Ciencias de la Administración) y Elías Stang (consejero superior de la Facultad de Ciencias Agropecuarias); María Laura Méndez (decana de la Facultad de Ciencias de la Educación) y Víctor Casco (secretario de Extensión de la Facultad de Ingeniería), y Jorge Gerard (consejero de la Facultad de Ciencias de la Alimentación) y Cristina Benintende (docente de Microbiología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias).

La inusual cantidad de aspirantes ha desatado una desacostumbrada campaña electoral, con visitas y entrevistas a medios de comunicación de la provincia, entre otras actividades. Los postulantes, a su vez, han deslizado cruces y acusaciones, entre las que se imputa el acercamiento o convivencia con el gobierno provincial. Éste se ha dado especialmente en el caso de Gerard, que también es director de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos (ACTIER). El decano de Alimentación ha rechazado tal especie y descartó un apoyo oficial a su candidatura por parte de la administración de gobierno que integra. De todas maneras, la comunidad académica ingresó en estado deliberativo, con un profuso intercambio de posiciones que muchas veces se realiza a través de listados de correo electrónico.

Precisamente en uno de ellos, por un mail anónimo, se dio a conocer que justamente Gerard había ejercido funciones durante la última dictadura, en oportunidad de ser secretario Académico en la Facultad de Alimentación entre febrero de 1980 y febrero de 1984. El dato asimismo es público, ya que se puede leer como parte del currículum del docente en el sitio oficial de esta unidad académica. En el registro también aparece como egresado de ingeniero químico en mayo de 1977, tras lo cual rápidamente alcanzó un cargo de profesor titular interino en abril de 1978, a los 24 años de edad. Otro correo, cuya dudosa firma de una agrupación de derechos humanos toma el nombre de un estudiante desaparecido de Concordia, se hace eco de esta cadena y dispara una acusación aún más grave sobre el titular del ACTIER, lo que termina por configurar un gran lodazal del que nadie parece hacerse cargo en el interior de la Universidad.

De todas maneras, lo cierto es que los datos que se aportan y se ven confirmados, desnudan lo que en principio se presentaría como una incompatibilidad existente entre el desempeño en un cargo de funcionario provincial y el haber ejercido una responsabilidad en el pasado gobierno de facto, tal como lo prescribe la actual Constitución de Entre Ríos.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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