Un silencio inadmisible
Oscar Londero
(especial para ANALISIS)
En pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, cualquier persona mayor de edad puede someterse en Argentina a la anticoncepción quirúrgica. Tanto la lisis tubaria –más conocida como ligadura de trompas de Falopio- como la vasectomía, son intervenciones a las que mujeres y hombres pueden recurrir tras la sanción de la Ley 26.130.
Desde 2006, cuando esa norma entró en vigencia, el Estado brinda esa posibilidad. Se trata de operaciones gratuitas y que no requieren autorización judicial: pueden hacerse tanto en hospitales públicos (si el o la paciente no cuentan con cobertura social) como en clínicas y sanatorios privados, ya que las obras sociales tienen obligación de cubrir esas prácticas profesionales.
Sin embargo en Entre Ríos no hay cifras sobre la cantidad de personas que hacen uso de esas opciones. Resulta difícil conocer cuántas mujeres y hombres, en ejercicio de su autonomía, deciden acudir a una cirugía como alternativa para la planificación familiar.
Al menos eso es lo que se desprende de la falta de respuesta a sendos pedidos de acceso a información pública formulados el mes pasado por este semanario: uno ante la Secretaría de Salud de la provincia y otro al Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER).
Ambas peticiones fueron hechas según el procedimiento previsto en el Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo, incluido en el Anexo I del decreto 1.169/05 GOB.
Al secretario de Salud, Pablo Basso, se le preguntó sobre “la cantidad de ligaduras de trompas de Falopio y ligadura de conductos deferentes o vasectomías realizadas en hospitales de la provincia durante los años 2008, 2009 y 2010”. Y se le solicitó que, en caso de respuesta afirmativa, discriminara “las intervenciones realizadas en cada centro asistencial habilitado para ello”.
En tanto que al presidente del IOSPER, Silvio Moreyra, no sólo se le preguntó sobre la inclusión de la lisis tubaria y la vasectomía entre las prácticas profesionales con cobertura de la obra social. También se le pidió que detallara “la cantidad de intervenciones solicitadas y autorizadas por la obra social durante los años 2008, 2009 y 2010, con detalle del porcentaje de gastos cubiertos por la institución en cada caso”.
Lo suyo ya sale
El pedido de información que ANALISIS formuló a Basso ingresó por la Mesa de Entradas de la Secretaría de Salud el 13 de agosto pasado. La petición generó el expediente 1.128.561, que desde la planta baja del organismo pasó a Despacho, ubicado en el primer piso.
Agotado el plazo de 10 días hábiles para la respuesta que establece el decreto 1.169/05 GOB, no hubo novedades desde Salud. Tampoco se recibió un pedido de prórroga por un período semejante, prerrogativa que concede la norma que reglamenta el derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo entrerriano.
El 31 de agosto en la Dirección de Despacho se informó que el expediente había pasado ese día a la Dirección de Atención Médica, también ubicada en el primer piso de la Secretaría de Salud. Sin embargo no se brindó precisiones sobre el tiempo que demandaría la elaboración de una respuesta formal.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
