El diálogo como último remedio
Antonio Tardelli
¿Será preferible la xenofobia de izquierda que la xenofobia de derecha? ¿Cuál de los dos tiene razón? ¿Dónde está el bien? ¿Debajo de quién?
Uno de los inconvenientes que encierra el conflicto de Villa Soldati, un barrio de la capital de la República Argentina, es que se resiste a ser examinado desde la lupa excluyente del bien y del mal. Aunque les pese a los simplificadores de la realidad, no es una pelea de buenos contra malos. La disputa que expresa no se explica desde la lógica de las telenovelas. Porque el entuerto es complicado, resulta inabarcable para quienes, desde una parcialidad política, o desde el renovado periodismo militante –que en muchos casos remite a la idea de la militancia rentada–, apenas están interesados en condenar y absolver. El conflicto está lleno de preguntas, la inmensa mayoría de ellas más relevantes que la única que verdaderamente parece importarle a ambos gobiernos, que es conocer quién pagará el precio político más módico. El nivel de mezquindad que rodea el posicionamiento de kirchneristas y macristas es decididamente impúdico. Ni las muertes –tres o cuatro, que hasta para contabilizar las víctimas hay ineficacia– han liberado el panorama de la pequeñez predominante.
Extrañamente, Aníbal Fernández, jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo Nacional, se refirió a algo que interpretó como sobreactuación. Habló de los escasos efectos positivos del diálogo intergubernamental e insistió en su deporte favorito de estos días de represión y enfrentamientos: denostar a Macri. Afirmó: “La sobreexageración del diálogo nos da por respuesta cero”. El gobierno nacional, a su vez, sobreactuó –al igual que en otros terrenos– un comportamiento que a la luz de los antecedentes de la democracia argentina reciente constituye una virtud que debe convertirse en piso: la no utilización de las fuerzas policiales para reprimir reclamos populares. Pero semejante convicción, que merece ser reivindicada, no puede asimilarse a la pasividad. La pasividad estatal es otra cosa. La pasividad estatal es reaccionaria: termina convalidando el empleo de la fuerza por parte de quienes, sin sujeción alguna a la ley, ocupan el espacio vacío del Estado. Los sucesos de Villa Soldati y –tan político como eso– el asesinato del militante Mariano Ferreyra a manos de bandas armadas de sólidos vínculos políticos dan cuenta de la incapacidad para avanzar hacia un protocolo de comportamiento policial sustentado en principios democráticos que hagan efectivo el cumplimiento de la ley. Nada hay más injusto que el incumplimiento de la norma (si las normas son injustas deben ser modificadas conforme los procedimientos ordinarios). Quienes se declaran progresistas deberían tenerlo claro.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
