El peligro detrás del muro
Silvio Méndez
Esta semana se conoció que la Municipalidad Paraná iba a emplazar al titular del barrio privado que se construye en los terrenos públicos de Los Arenales, para que derribe la enorme muralla que levantó violando la normativa vigente. A partir de la notificación, se adelanto, Sergio Gregorio Lifschtiz tendría 30 días para concretar la orden.
Lo novedoso de la información no sólo era que se iba a estipular un tiempo perentorio para concretar esta medida, sino que la intimación para la ejecución surgía tras la interpelación que ejercieron un grupo de vecinos autoconvocados en el Colectivo por los Espacios Públicos. Los ciudadanos, habían acudido a solicitar información por la falta de cumplimiento de la disposición que se había decidido en diciembre de 2010, y el lunes entonces tuvieron una promesa por parte de la secretaria de Planificación municipal, Rosario Romero.
Pero el martes, rápidamente Lifschtiz emitió declaraciones públicas en las que ratificó que no iba a cumplir con el desmantelamiento del paredón. Como argumento al desacato, adujo un convenio suscripto con el intendente José Carlos Halle y Romero donde, dijo, su obligación alcanzaba sólo la realización de unas pequeñas ventanas en lo alto de la edificación y que las mismas concluirían en un mes, según el compromiso alcanzado en charla telefónica con las autoridades. En rigor, supuestamente el municipio iba a instruir la demolición, tal como apuntó el defensor del Pueblo, Luis Garay, en una recomendación de diciembre pasado. La materialización de la medida luego fue mutando a un reemplazo de la estructura de material por un cerco vivo, con una armazón de metal.
Esta última idea se aplazó, según comentó Garay de dichos de Lifschtiz, porque el herrero que usualmente contrataba entraba de vacaciones en los meses de verano. Es por esto que el derribo sólo alcanzó unas pequeñas “ventanas”. Lo que resultó ser casi una burla, en algunos vecinos de Los Arenales desencadenó un episodio poco claro en una noche de tormenta a fines del año pasado, donde un grupo realizó un boquete y fue repelido con disparos de arma de fuego realizados por funcionarios policiales de la comisaría 14ª.
Un muro de impunidad
La controversia por el paredón que separa el country Amarras del Sol del barrio de al lado, estalló en octubre del año pasado, cuando los propios vecinos denunciaron la obra por segregacionista, al entender que fue hecho para “tapar a un vecindario pobre”. Pero más allá del carácter discriminatorio del emprendimiento, por el cual se priva del acceso a la costa y vista al río a todos los ciudadanos, la construcción fue realizada violando las normativas establecidas en el Código Urbano de la ciudad. Se trata de un enorme muro, de unos 300 metros de largo –paralelo a calle Ayachucho al final-, de ladrillos de primera calidad, con una altura que va de los 4 a 5 metros y que, de acuerdo a cálculos hechos por entendidos en la materia, tendría un costo cercano a los 900.000 pesos, según sea la cotización por metro cuadrado de los casi 1.200 m2 que ocupa de superficie.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
