Un expediente más en la historia negra del Frigorífico Santa Elena
Federico Malvasio
(Especial para Análisis)
En Santa Elena todo está igual que hace una década. La peor. La de la entrega. La de la corrupción estatal con la complicidad empresarial y política. En esa comarca sigue gobernando Domingo Daniel Rossi. La Justicia se lo había impedido luego de haberlo condenado por enriquecimiento ilícito. La misma Justicia le permitió luego presentarse a elecciones. Ahí está el hombre que comenzó su carrera política al lado de Jorge Busti y hoy escucha a Sergio Urribarri en los encuentros a los que el gobernador convoca a legisladores y jefes comunales para pedirles que acompañen “el modelo”. La historia de Santa Elena, en la última parte del siglo pasado y en la primera del actual, está atravesada por la tragedia del frigorífico regional que lleva el nombre del pueblo al que llegaron ingleses para fundar, entre otras cosas, una potente empresa que daría prosperidad a la sociedad.
Se escribió mucho y se seguirá escribiendo. Ese casco con detalles de arquitectura británica vuelve a abrir un nuevo expediente en su triste historia. La Fiscalía de Estado, a través de la Oficina Anticorrupción, denunció penalmente a una de las liquidadoras por sospecha de irregularidades. Se presume que algunos dineros se quedaron sin la debida rendición. Pero también pudo haber pagos de honorarios sin control, falta de acción para recuperar acreencias y haber dejado caer el embargo de propiedades sobre los deudores. Estos son interrogantes que se deben estar haciendo o deberán hacerse en el Juzgado de Instrucción Nº3, a cargo Alejandro Grippo; y la fiscal Cecilia Bértora. La denuncia sobre Érika Kramer se hizo el 20 de septiembre pasado. Según supo ANALISIS de fuentes tribunalicias y de Casa de Gobierno, hay sospechas de que pudo haber hasta falsificación de una sentencia en un juzgado santafesino para hacer figurar el pago de honorarios que no se realizó.
La Fiscalía de Estado decidió ir a los tribunales al sospechar que Kramer no respondió adecuadamente sobre el pago de honorarios a favor del abogado santafesino Giménez Lassaga, el mismo letrado que representó a la provincia en el escándalo de la Carta de Crédito 004 por un préstamo millonario que la provincia había pedido durante la década de 1990. Lo cierto es que Giménez Lassaga tenía para cobrar una abultada suma y desde la Comisión Liquidadora del Frigorífico se autorizó el pago de unos 50.000 pesos, pero nunca llegaron los recibos del conocido bufete santafesino.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS del jueves 22 de Noviembre de 2012)
