Investigan la supuesta comisión de delito prevista en los artículos 139 y 139 Bis del CP en una maternidad paranaense

Identidad retenida

Edición
1005

Natalia Buiatti

María sintió esas náuseas raras. Era mayo de 2013 y sospechaba que en su vientre comenzaba a crecer su quinto bebé. Imaginó por primera vez su carita y soñó con otra nena. Durante todo ese invierno pensó en cómo la llamaría y, al finalizar la primavera, decidió el nombre: iba a ser Ana. María sabía que en pocos meses más podría acunar a la pequeña en sus brazos y aunque no tenía obra social pensó en el Instituto Rawson SRL. Confiaba en ese lugar más que en los hospitales públicos y tomó la determinación.

Llegó a la maternidad privada transitando sus últimos meses de embarazo. Allí la asesoraron sobre el Plan Modo de Nacer, un contrato con el sanatorio que le permitiría traer su hija al mundo a través de una cesárea. Con los resultados de las últimas ecografías en mano, el médico le expresó a María que su beba no estaba bien ubicada en el canal de parto y que el alumbramiento debía llevarse a cabo a través del procedimiento quirúrgico. Por eso, el 26 de diciembre de 2013 firmó el contrato que establecía el Plan Modo de Nacer y realizó la primera entrega de dinero por una suma de 1.500 pesos.

El 25 de enero llegó el día esperado. María se acercaba a los nueve meses de gestación y por las contracciones la internaron en el sanatorio. Poco después le practicaron la cesárea y nació su hija Ana. Ambas estuvieron internadas hasta el 27 de enero, cuando les dieron el alta. Al momento de retirarse, desde la administración del Instituto Rawson le pidieron a María un recibo de sueldo, pero como ella no lo tenía firmó un pagaré por 14.000 pesos, a pesar de que el contrato era por 12.000.

(Más información en la edición gráfica número 1005 de ANALISIS publicada el 3 de julio de 2014)

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