Los ojos de la Justicia se posan sobre la patria contratista
Antonio Tardelli
Un objetivo explícito persigue la ampliación de la denuncia formal que en torno de presuntos delitos cometidos en la contratación de obra pública realizó esta semana el abogado Rubén Pagliotto. Ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, hizo notar, por si hacía falta, que la muerte del empresario Víctor Pietroboni no extingue la necesidad de investigar a quienes en su momento concentraban el poder de decisión en el aparato estatal: la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Infraestructura y Planificación Federal, Julio De Vido; y el célebre revoleador de dólares José López, ex secretario de Obras Públicas.
En un escrito que también lleva la firma de su colega Guillermo Mulet, Pagliotto recalcó que la denuncia formulada en su momento no sólo estaba dirigida contra el empresario entrerriano. Alcanzaba también a los funcionarios públicos y al contratista Lázaro Báez. En tal sentido pidió que la investigación avance fundamentalmente en lo vinculado a las adjudicaciones de trabajos viales en el territorio entrerriano.
Fallecido a finales de junio, Pietroboni fue uno de los contratistas que Báez sindicó como uno de los beneficiados del ciclo kirchnerista. También mencionó a la empresa entrerriana Luis Losi Sociedad Anónima. En respuesta a tales afirmaciones, Pietroboni reveló a la prensa que en varias ocasiones desde el gobierno nacional le habían sugerido que desistiera de intervenir en tal o cual licitación de modo tal de favorecer a Báez. Añadió además que los sobreprecios en la obra pública eran una práctica corriente de los empresarios del rubro.
“Es una condición del mercado. Si no la contemplás, después (al dinero) hay que sacarlo de algún lado”, declaró el empresario. Sus palabras eran al mismo tiempo una denuncia y una confesión.
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Casi 170 millones de pesos, de acuerdo con el presupuesto original, debía percibir una Unión Transitoria de Empresas (UTE) para levantar en Gualeguaychú el Hospital del Bicentenario. La UTE estaba conformada por las empresas Antonio Caballi, Ernesto Ricardo Hornus y Szczech y Szczech. El plazo de ejecución previsto inicialmente era de dos años y medio. Luego se prorrogó: los trabajos demandarían tres años y dos meses. Pero transcurrido el tiempo, la obra no ha sido terminada: las tareas fueron suspendidas. Hace algunas semanas las autoridades anunciaron una pronta reanudación.
Pero mientras tanto el gobierno convocó a nuevas licitaciones. Y los socios en el emprendimiento hospitalario, de gran envergadura, debieron enfrentarse entre sí. La competencia entre socios, que se sugiere simulada, fue advertida por el Tribunal de Cuentas. Tanto Ernesto Ricardo Hornus como Szczech y Szczech se presentaron a la convocatoria orientada a refaccionar dos establecimientos educativos de la ciudad de Concordia.
Las firmas asociadas también se enfrentaron en otro expediente. Fue el trámite convocado para restaurar la Escuela Normal Olegario Víctor Andrade de la ciudad de Gualeguaychú. En ese caso Ernesto Ricardo Hornus –que finalmente se alzó con la obra– y Szczech y Szczech presentaron ofertas por separado.
Ambas empresas fueron las únicas que se presentaron a otra licitación provincial. Se convirtieron en “directas competidoras” en el trámite de ampliación y refacción de dos escuelas de Gualeguaychú: la Fray Mamerto Esquiú y la María América Barbosa. Los ejemplos hablan de lo verosímil que resulta la hipótesis de un acuerdo entre empresarios para repartirse los negocios.
(Más información en la edición gráfica número 1045 de ANALISIS del día 25 de agosto de 2016)
