Un sumario que apunta a pesos pesados de las finanzas públicas
L.D.
Una auditoría realizada en 2013 mostró irregularidades con compensaciones en Villa Elisa. Expedientes cancelados, pero sin fecha de pago en Concordia en 2006 fueron reportados en 2012. Un empleado se animó a decir a sus superiores que era “vox pópuli” que se borraban deudas de grandes contribuyentes y pidió auditorias. ¿Por qué nadie hizo nada ante estos y otros indicios sobre el desfalco sin precedentes que se cometió en ATER hasta 2014, cuando sí se dio entidad a un aviso que llegó desde la delegación Victoria?
El hecho que desencadenó la presentación de una denuncia penal en junio de 2014 por parte del entonces director ejecutivo de ATER, Marcelo Casaretto, tuvo lugar una mañana de ese año en la representación territorial Victoria del organismo. Hasta allí llegó uno de los dueños de la empresa local Insumos Entre Ríos y montó una escena al ser informado por una contadora de la repartición del monto de su deuda más multas, que componían un número abultado.
La profesional se sorprendió días más tarde al enterarse de que un representante de la firma se había presentado a suscribir un plan de pago sin presentar ninguna queja. Tiempo después, se fijó en el sistema si Insumos Entre Ríos estaba cumpliendo con las cuotas y se sorprendió nuevamente al notar que la totalidad de la deuda figuraba como cancelada con compensaciones que el empresario enojado no le había mencionado.
La contadora avisó a su superior y en pocas horas más se desataría el escándalo. No era esa sola empresa, sino cientos, las que se habían acogido a una suerte de plan de pago paralelo e ilegal. Según la denuncia de Casaretto, dos empleados de ATER se encargaban de ofrecer a los grandes contribuyentes en mora la posibilidad de cancelar en efectivo un monto equivalente al 70% de sus deudas, a cambio de hacerlas figurar como canceladas mediante compensaciones de créditos en el sistema del organismo.
La cadena se completaba, siempre según la denuncia, con el accionar del funcionario Daniel Gaggión, de Mesa de Entradas, que era quien contaba con la clave de sistema que le permitía realizar la maniobra, y de Estrella Martínez de Yankelevich, quien, según los testimonios del sumario, no usaba computadora y aún así es señalada como la cabeza de un esquema por el cual se desfalcaron del fisco unos 60 millones de pesos a lo largo de diez años.
(Más información en la edición gráfica número 1055 de la revista ANALISIS del jueves 30 de marzo de 2017)
