Nada es para siempre
Los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul fueron allanados y detenidos en Paraná por una denuncia penal ante el Juzgado de San Isidro que lidera Sandra Arroyo Salgado, exesposa del fiscal asesinado Alberto Nisman. Los operativos se hicieron en un barrio privado de esta capital, en otras viviendas de los Tórtul en calle Catamarca y Córdoba, como así también en oficinas de ENERSA. En esta empresa se revisaron los contratos de 2016 a 2019 que tenía la firma de seguridad de los Tórtul, por supuestas facturas apócrifas presentadas y lavado de activos. Los empresarios hace más de 20 años que vienen realizando negocios con el Estado entrerriano y tuvieron un importante crecimiento patrimonial. En esta edición, ANALISIS cuenta detalles de los operativos y muestra cómo crecieron los Tórtul y quiénes fueron sus aliados en esa expansión, que quedó nuevamente en la mira de la justicia y organismos de control.
Daniel Enz
El conocido empresario nunca pensó que una mañana de abril le golpearían la puerta de su casa para llevárselo preso en una camioneta de Gendarmería Nacional. Antes, los oficiales le indicaron que esa orden de detención era de un juzgado federal de San Isidro, que iba a quedar incomunicado y que tanto él como su hermano Marcelo iban a ser trasladados a Capital Federal para ser indagados por facturaciones truchas y lavado de activos, a través de su empresa de seguridad.
Claudio Tórtul siempre coqueteó con el poder político, judicial y empresario de Paraná. Se sintió parte activa de ese poder de la capital entrerriana que, muchas veces, es sinónimo de soberbia y de cierta impunidad de movimientos. Y de hecho, pasó a ser uno de los hombres de mayor fortuna de la ciudad. “¿Vos te pensás que alguien se va a animar a meterse conmigo? Si los tengo a todos en el club, a muchos pidiéndome consejos o algún que otro aporte económico...”, solía jactarse el empresario y presidente del Paraná Rowing Club, mientras no dejaba de hacer alarde de su buen pasar y de concretar negocios e inversiones en diferentes rubros, pero en especial inmobiliarios, con su socio y hermano de la vida, Daniel Eduardo Carbonell o con el empresario constructor Miguel Ángel Marizza. De hecho, Carbonell fue algo así como su hacedor en la mayoría de los negocios, por lo menos hasta que apareció en su vida Marizza, que también pasó a tener un rol preponderante en sus movimientos.
No obstante, los mismos Tórtul siempre reconocieron que el principal maestro que tuvieron fue su padre ya fallecido, el comisario retirado de la Policía Federal Santiago Américo Tórtul, que fue quien fundó la empresa de seguridad a principios de 1995. Los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul ya estaban recibidos de contadores públicos y de inmediato se sumaron al control de la empresa. A poco de la asunción de Jorge Busti en su segunda Gobernación, en diciembre de 1995, el entonces secretario de Reforma del Estado y Control de gestión, Oscar Horacio Mori, comenzó a desarrollar la mayoría de los negocios de esa administración justicialista y de inmediato lo convocó para ello a su amigo Eduardo Carbonell. No fue casualidad que el empresario haya recibido, al poco tiempo, un millón de dólares a través de tres transferencias a bancos de Nueva York, tal como lo denunció esta revista en 2001 y que le sirvieron para capitalizar la empresa Alesia SA, al igual que Carryson SA, también de su propiedad. El frustrado negocio del control vehicular fue uno de los proyectos de Mori, con esas firmas. No obstante, Carbonell logró que el Estado lo indemnizara por más de 4,5 millones de dólares. Carbonell también quedó al frente de Perfomar SA, la empresa que recibió varios millones de dólares del gobierno nacional por el frustrado Puerto Ibicuy. Y fue uno de los mentores de la empresa Alfalfares de San Juan, creada a fines de 1998 en esa provincia, donde los socios eran Marcelo Tórtul y Alberto Gavio, uno de los condenados (cuatro años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos) por el delito de peculado en Puerto Ibicuy. Entre 2012 y 2014, Claudio Tórtul figuró como empleado de la firma Alfalfares, pese a que era dueño de otras empresas. A la vez, en diciembre de 2006, Claudio y Marcelo Tórtul crearon en San Juan la firma Megafrance Sudamericana SA.
Y los Tórtul y Carbonell no apostaron solamente a San Juan: también crearon en Chaco, en abril de 2006, Forestal Cinco S.A. En el directorio estaban los dos hermanos Tórtul y Carbonell.
El fallecido excajero bustista se cansó de hacer negocios con el Estado en la segunda gestión y fue el mentor de las operaciones futuras de la dupla Carbonell-Tórtul, quienes iniciaron una relación de amistad en el club de la costanera y siguieron por el camino empresarial/estatal. Carbonell también creó Perec SRL, junto a Claudio Tórtul y Norberto Dubovsky, para servicios de fast food y venta de comidas en Buenos Aires. Y luego hizo Torreon del sol SA, para cultivos agrícolas, junto a Jorge Carlos Meyer, uno de los mejores amigos de Miguel Marizza, quien falleciera trágicamente en diciembre de 2013, cuando chocó de atrás, violentamente, un camión que estaba en el peaje de Santa Fe y Santo Tomé.
Claudio Tórtul pocas veces pudo controlar su ambición de poder y de dinero. No le alcanzó con el desarrollo de la empresa El Guardián, que se transformó en la de mayor estructura de la región, sino que, además, apostó a otros rubros. Fue hasta que se encontró con inspectores de la AFIP Paraná, que a principios de 2000 -seguramente alertados por toda la serie de denuncias que se venían profundizando contra el grupo de Mori- quedó en la mira de los sabuesos de avenida Ramírez. Los primeros allanamientos de AFIP fueron a El Guardián, cuando estaba en la esquina de Salta y Victoria. Allanaron porque había serias irregularidades en el manejo de la seguridad social de los empleados. Hasta la quinta de los Tórtul fue allanada por esos días, lo que provocó la ira del empresario. Pero además creó una empresa constructora que puso a nombre de uno de los obreros. El humilde trabajador lo terminó denunciando ante el organismo, porque se enteró que tenía una empresa cuando le empezaron a llegar intimaciones de la AFIP y, por ende, comenzó a recibir diferentes embargos. También, junto a Carbonell, puso una empresa productora de miel, en 2001, llamada Cadesa SA, que tenía sede en Capital Federal, pero ellos no figuraban. Los socios eran viejos amigos del rugby del Rowing, lo que fue una modalidad en varios de sus proyectos y en las listas de conducción para la entidad deportiva. Hacían facturas apócrifas a nombre de terceros, exportaban y cobraban ellos los reintegros del Estado. Fue demasiado extraño que, después de esos avances de la AFIP, uno de los empleados del organismo sufriera un grave atentado: un día se despertó y tenía el automóvil incendiado en la puerta de su casa. Nadie vio nada en el barrio y nunca se avanzó en la investigación judicial. Pero esa situación fue determinante para que los Tórtul decidieran retirar de Paraná las administraciones de sus empresas. Se sentían “perseguidos” por la AFIP.
Entre Buenos Aires y Paraná
Claudio Tórtul se instaló en Buenos Aires, en plena Avenida Libertador al 4000, mientras que su hermano y Carbonell decidieron permanecer en Paraná para desarrollar sus principales negocios. Carbonell se corrió un poco de la escena por un tiempo, porque los coletazos del affaire con los dineros desviados en Puerto Ibicuy tuvieron repercusiones, especialmente algunas consecuencias judiciales. Los Tórtul apostaron a desarrollar la empresa de seguridad no solo en Entre Ríos, sino también en Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Los contactos de su padre, cuando fue integrante de la Policía Federal, sirvieron para desarrollar la estructura. Pero también empezó a incursionar en otros negocios y en especial a partir de la venta de El Guardián a la empresa sueca Securitas, que llegó al país con la estrategia de ganar mercados adquiriendo las compañías regionales más importantes del sector para incrementar su estrategia. Nunca se supo exactamente en cuánto se vendió la empresa. Hubo quienes dijeron que la operación superó los 20 millones de dólares pero, al parecer, no se registró nunca esa cifra. Lo cierto es que Tórtul -con el asesoramiento de su amigo Carbonell y de Mori-, depositaron buena parte del dinero en el exterior y con el resto apostaron a otras empresas y proyectos, como el de la construcción. Allí la persona clave fue alguien que lo acompañaría en diferentes proyectos: el ingeniero Miguel Ángel Marizza, exvicepresidente de Gas del Estado en el primer gobierno de Carlos Menem, tras lo cual tuvo un importante crecimiento patrimonial.
No fue casual que en agosto de 2009 los Tórtul crearan la empresa Avenel Investments Limitada, en las Islas Vírgenes Británicas, no declarada ante la AFIP. La información apareció hace pocos años en el informe de Panamá Papers, de relevamiento a nivel mundial, que arrancó en 2016 y siguió en calendarios posteriores. Incluso, en el informe internacional consta que el domicilio que figura allí es Córdoba 667, piso 13. O sea, el declarado por Claudio Raúl Tórtul, cuyo edificio también sería de su propiedad, al igual que otros de Paraná.
De la mano de Marizza fundamentalmente, los Tórtul fueron tejiendo y profundizando relaciones con otros referentes del poder. Uno de ellos fue Jorge Coco Mizawak, padre de la vocal del Superior Tribunal de Justicia Claudia Mónica Mizawak, exabogada de Jorge Busti y de Sergio Urribarri, entre otros. Mizawak se casó con el ingeniero Raúl Arroyo, presidente de Enersa y secretario de Energía de la provincia entre 2007 y octubre de 2017 y formaron empresas constructoras, que se constituyeron en Capital Federal, en el estudio contable de José Saúl, contador personal de Marizza y también de Urribarri, tal como quedó evidenciado en el denominado megajuicio por delitos de corrupción, donde el exgobernador, junto a otros allegados, fue condenado a 8 años de cárcel. Luego, también se fueron sumando otros empresarios importantes de la construcción, algunos incluso vinculados a casos de corrupción en esta provincia, en especial en la Cumbre del Mercosur (ver recuadro). Y en 2014 los Tórtul formaron la firma Fuego Red SA, dedicada a las instalaciones eléctricas.
Mizawak padre siempre se dedicó al negocio inmobiliario, por lo cual amasó una importante fortuna en la compra de lotes en Paraná y adyacencias, como así también innumerables propiedades. Los registros oficiales indican, en la actualidad que tiene más de 200 inmuebles en la capital entrerriana, entre casas y lotes. Coco Mizawak era prestamista y con el correr de los años se fue apropiando de casas de personas a las que les daba un crédito en negro y luego, por falta de pago, se las terminaba quedando, dejándolas en la calle. Muchas veces esa tarea la llevaba adelante la propia hija, en su rol de abogada. Esas ejecuciones le sirvieron también para invertir, en la década del ’80, en un departamento en Punta del Este, ubicado en calle 30, entre 24 y la Rambla, que su hija Claudia reacondicionó, haciéndole una fuerte inversión en años recientes.
El hermano de Coco, Enrique Mizawak, era también un hombre de negocios. Hubo un acuerdo bastante escandaloso, en 1991, por una deuda fiscal de la firma textil Paranatex, que debía impuestos a la provincia por varios miles de millones de australes. La empresa se acogió a la moratoria impulsada por la Dirección de Rentas –que comandaba Oscar Pacha Mori- y por haberse presentado espontáneamente recibió una bonificación que dejó un saldo de 406 mil dólares, que documentó con 35 pagarés. A los pocos días, el dueño de la firma, Enrique Mizawak -un reconocido amigo personal de Mori, de toda la vida, al igual que su hermano Coco- consiguió que el Estado entrerriano le hiciera una compra, sin ningún cotejo de precios, por un valor total sobrevaluado de 643 mil dólares, por lo que, a los treinta días, el gobierno le debía pagar 237 mil dólares. La empresa Paranatex decidió cerrar en junio de 1992, dejando en la calle a cuatrocientos obreros. Lo saliente de todo esto fue que en los últimos 35 años vienen apareciendo los mismos actores en el escenario de negociados con el Estado, entre ellos los citados Tórtul.
Negocios y más negocios
Los hermanos Tórtul comenzaron a hacer negocios con el gobierno provincial, con la empresa de seguridad, en la última administración de Jorge Busti, después de ser desplazada la firma Elite SRL, que conducía Alberto Ingui. Llegaron con el aval del entonces secretario Legal y Técnico de la provincia, José Gervasio Laporte -ya fallecido- y el guiño de Mori, quien había sido condenado por la causa del desvío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y, de alguna manera, había caído en desgracia con Busti. Sellaron un acuerdo con ENERSA, que pasó a ser el principal cliente de los Tórtul.
El Guardián se vendió a Securitas, pero Claudio Tórtul siguió siendo el mandamás por diez años más. O sea, hasta 2018. Al año siguiente, Securitas decidió finalizar su relación contractual con ENERSA. Pero los hermanos empresarios, con el aval de gente del gobierno, se ocuparon de que otra firma allegada a ellos resultara adjudicada. Los Tórtul conformaron la firma Tornell SA, que se terminó de concretar en agosto de 2016. Se llama así por los Tórtul y por el socio histórico de ellos, Daniel Eduardo Carbonell.
Lo saliente del caso fue que en el momento en que ENERSA hizo la readjudicación del contrato que tenía Securitas, Tornell aún no contaba con la habilitación para prestar servicios de seguridad privada en la provincia de Entre Ríos. Por ende, por un breve lapso se adjudicó a Segar Seguridad SA, con sede en la ciudad de Firmat (Santa Fe). Al momento de la adjudicación temporaria -que se concretó a través de un decreto del 6 de mayo de 2019, firmado por el gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Gobierno, Rosario Romero-, la empresa Segar puso domicilio comercial en calle Córdoba 538, piso 6º, departamento D. O sea, el mismo edificio que hizo la Cámara de la Construcción -que conducen de modo alternativo Marizza y Szczech- y que luego fuera vendido a numerosas personas. De hecho, la cámara empresaria tiene sede allí, en planta baja del edificio. Según los registros de la Policía de Entre Ríos, Segar obtuvo el permiso para operar como prestador de servicios de seguridad en la provincia el 6 de mayo de 2019 -el mismo día de la firma del decreto-, pero habría comenzado a operar meses antes, sin estar autorizados. La firma Segar ya no se encuentra más en ese edificio.
El 2 de diciembre de 2019 Bordet y la ministra Romero firmaron otro decreto, por el cual se habilitó a Tornell SA a “funcionar dentro del ámbito de la provincia de Entre Ríos como empresa de seguridad privada” para desarrollarse en diferentes ámbitos oficiales y privados. Y de esa manera, se hicieron cargo de la seguridad de ENERSA, por 25 millones de pesos mensuales en esos días. Dos años después, en julio de 2021, crearon la firma El Guardián Inversora, con Claudio, Marcelo y Ramiro Tórtul, hijo de este último. Y no dejaron de apostar a la construcción de edificios, de la mano de Marizza, con quien también hicieron un bar y restaurante en la costanera de Paraná. Además, todos ellos hicieron innumerables viajes al exterior en los últimos 15 años. Incluso, hay quienes sostienen que en España, específicamente en Barcelona, estarían apostando a la construcción de dos edificios de importancia, coordinados por un arquitecto oriundo de Paraná que hace años vive allí.
Avanzaron con el Fideicomiso Alma del Parque para concretar el edificio sobre calle Catamarca al 683 (con la sociedad en que figuran los Mizawak, Tórtul y Néstor Iván Szczech, entre otros), donde se invirtieron más de 2 millones de dólares y se construyó una torre de 14 pisos, en 3.500 metros cuadrados de superficie y se unieron a la Desarrolladora Inmobiliaria Dujovne, dueña también de Constructora del Paraná, en megaproyectos inmobiliarios en zonas exclusivas de la ciudad. Entre ellos, las torres de calle Estrada, camino a Bajada Grande, que tienen incluso una demanda judicial y otra construcción junto a Oicsa, de la familia Hereñú, en calle Tucumán. En esta última operación, le compraron dos propiedades a la Caja de Médicos Bioquímicos. Cada una de esas propiedades que se están demoliendo tienen solo por el terreno un valor no menor a 300 mil dólares. O sea que pagaron más de 600 mil dólares de terreno.
Apunten a los contratos
Mientras tanto, Gendarmería Nacional llegó a Paraná este martes, con escritos de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y se dispusieron allanamientos de distintas propiedades de los hermanos Tórtul. Los allanamientos se realizaron en el barrio privado Puerto Urquiza, en la zona de Bajada Grande, donde son propietarios de tres casas fastuosas. Los uniformados obviaron requisar la vivienda que alquila el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, propiedad de los hermanos Tórtul, quien se sorprendió cuando salió a Casa de Gobierno al ver a los gendarmes con armas largas, desplegados en la zona. El mandatario reside allí desde principios de enero, tras formalizar un contrato con uno de los hermanos Tórtul, para contar con una residencia en Paraná. También llegaron hasta el edificio de Catamarca 683, donde Marcelo Tórtul tiene su vivienda en el piso 14 y fueron luego hasta el edificio de Córdoba 677, donde Claudio Tórtul también tiene un piso en el número 13. En ese marco fue que resultaron luego detenidos -entre el mediodía y la tarde-, los hermanos Tórtul.
Luego acudieron a la sede de la empresa ENERSA. Ingresaron al mediodía y salieron en horas de la noche. Los cuatro oficiales que ingresaron lo hicieron con la orden judicial pertinente y un oficio extenso donde se le reclamó a la conducción de la empresa información de dos contratos: los de Securitas y los de Segar SA, entre 2016 y 2019, y pidieron se determine cuánto se les pagó. Desde marzo de 2022, la empresa Tornell de los Tórtul hizo el servicio de guardia hasta marzo de 2024.
Los gendarmes también solicitaron acceder a todos los correos electrónicos enviados por cuatro empleados actuales de ENERSA y un exintegrante de la Comisión Fiscalizadora, que era el exfuncionario Laporte, ya fallecido, aunque quedó claro que la jueza desconocía lo sucedido. No obstante, igual observaron todo ese material. Tres de esos empleados están citados a indagatoria para los próximos días y no se descarta que puedan quedar detenidos al igual que los hermanos Tórtul, quienes iban a ser indagados por estas horas, junto a otras varias personas que quedaron en idéntica condición.
A todos les quedó claro que la historia recién empieza, pero nadie sabe muy bien cuándo terminará. Solo quedó la sensación de que se rompió un hilo de impunidad de movimientos de varias décadas en Entre Ríos. Y que ninguno de los Tórtul se lo imaginaba. Precisamente, por esas cosas de la impunidad en esta provincia.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1149, del día 18 de abril de 2024)
