La Ley de Agroquímicos en un cono de sombras
El tratamiento del proyecto de Ley de Agroquímicos perdió ritmo en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. El texto fue ingresado por el Ejecutivo en el anterior período de gobierno y este año se retomó con nuevos bríos en rondas de exposiciones con algunos sectores. Pero aquel impulso inicial menguó y desde principio de mayo el expediente no registra movimiento. Fuentes de la Legislatura comentaron a ANÁLISIS que hay cierto descontento con “el manejo” que le imprimió a la polémica iniciativa el titular de la Comisión de Ambiente, a quien también le achacan el abrir un flanco de tormenta sobre otra iniciativa controvertida: La adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Por Silvio Méndez
“Se pinchó”. Así definió una fuente experimentada en asesorar sobre temáticas ambientales en la Legislatura provincial respecto a la marcha y situación de la denominada Ley de “Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios”. El mentado marco regulatorio para la aplicación de agrotóxicos había sido retomado en los primeros días de marzo de este año en base al borrador ingresado por la administración del ex gobernador Gustavo Bordet (PJ). Su anterior ministro de la Producción y actual diputado provincial, Juan José Bahillo, propuso sin éxito discutir una legislación en cuyos postulados iniciales plantea “la protección y conservación de la salud, de un ambiente sano y equilibrado y de la producción agropecuaria”.
El nuevo debate del proyecto que apunta a “las buenas prácticas”, “la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la producción” comenzó con buen ritmo de convocatorias a la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, que preside el socialista Juan Manuel Rossi (JxER). Tanto es así que, tras la última reunión el 7 de mayo pasado, el diputado anunció el cierre a las rondas de consultas para pasar a redactar un dictamen porque consideró que el articulado ya cuenta con “el consenso” del sector productivo.
Pero, la premura del representante oriundo de Paraná no es compartida por organizaciones sociales y políticas que reclamaron por la ausencia de voces de los expertos en la materia en el debate. En este orden, la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos “Basta es Basta” solicitó una reunión con el ministro de Salud, Guillermo Grieve. El encuentro se pidió, justamente, porque el marco regulatorio que se propone en Diputados plantea la salud entre sus ejes, pero la comisión respectiva no está involucrada en la discusión de la normativa. En la carta al titular de la cartera sanitaria –como en la enviada a Rossi–, exigen “tener acceso y participación efectiva en los debates”, al tiempo que reiteran el reclamo para que se escuchen a los investigadores. “Nunca nos respondieron y no citaron a los científicos propuestos”, informaron. Grieve, tampoco acusó recibo de la nota, confirmaron a ANÁLISIS desde el colectivo ambiental.
Sin licencia social
Otro de los actores fuertes que se plantó con objeciones a algunos aspectos de la normativa es la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que lidera junto con el Foro Ecologista Paraná, el reclamo por las escuelas fumigadas. La secretaría de Defensa de los Bienes Naturales Comunes del gremio docente, Verónica Veik, expuso en la última reunión de comisión. En esta convocatoria a Sala de Comisiones de la Cámara Baja, el sindicato docente planteó que se excluya de la ley a las llamadas “unidades centinelas”. Esta figura ya está establecida en el artículo 6º del decreto Nº 2.239/19 que regula las pulverizaciones con pesticidas en inmediaciones de los colegios rurales. En la reglamentación se establece que cada institución educativa cuente con una “unidad de control” que debería estará presidida por el director de cada establecimiento de campo. La creación de este organismo fue ideada durante la pasada gobernación de Gustavo Bordet para poder sortear los amparos ambientales solicitados a la Justicia por el desmadre de las aplicaciones en inmediaciones a los establecimientos. Este instituto ya fue objetado por Agmer y en la última reunión parlamentaria también fue rechazado.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1153, del día 22 de agosto de 2024)
