El Secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad de Paraná, Pablo Testa, presentó una denuncia penal tras el tenso episodio ocurrido el martes 18 de marzo, cuando un grupo de cartoneros nucleados en el Movimiento de Trabajadoes Excluidos (MTE) irrumpió en el Palacio Municipal, bloqueando el acceso a las dependencias municipales y causando temor entre los empleados y funcionarios.
En el documento de seis páginas, Testa describe que alrededor de las 10 de la mañana, un grupo de 18 personas, algunas de ellas miembros de la Cooperativa de Trabajo Mundo Reciclado Limitada de la provincia de Buenos Aires, se dirigieron al municipio para exigir la firma de un convenio y la entrega de 20 millones de pesos más IVA.
La denuncia señala que los manifestantes obstaculizaron la entrada y salida de empleados municipales, generando una situación de tensión y riesgo.
El informe, que incluye pruebas como videos y capturas de pantalla de chats proporcionados por la Dirección de Medios Tecnológicos de la Municipalidad, detalla que los manifestantes tomaron “parte del edificio, impidiendo la entrada y salida de los agentes y funcionarios municipales que desempeñan en el edificio, infundiendo temor en los mismos”.
A pesar de la escalada del conflicto, las autoridades municipales recibieron a cuatro de los manifestantes, quienes expresaron su petitorio. La denuncia resalta que el requerimiento no solo consistió en la firma del convenio, sino también en la amenaza explícita de intensificar las protestas con “acciones directas” en caso de no acceder a sus demandas. “Fue escuchado su petitorio, el cual constaba ni más ni menos de una clara coacción: o firmábamos el convenio y les entregábamos 20 millones de pesos más IVA o, según sus palabras, iban a provocar que el conflicto escalara con acciones directas”, dice la denuncia.
Testa también hizo referencia a Axel Roca, miembro del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien, tras los comentarios en redes sociales de la intendenta, habría enviado mensajes de WhatsApp con contenido amenazante al Subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de Paraná.
Con base en estos hechos, el Secretario Legal solicitó la apertura de una investigación penal preparatoria, considerando que los hechos podrían constituir, al menos, el delito de coacción. Además, pidió que se adopten medidas restrictivas para proteger tanto los bienes municipales como la seguridad de los empleados municipales y de los ciudadanos que se dirigen al Volcadero y que no forman parte de los grupos en conflicto.
