La renuncia de Daniel Benítez (PJ) a la intendencia de Puerto Yerúa dejó al descubierto que no cumplió la condena por violencia laboral ejercida contra una empleada. “No pagó ni una cuota del resarcimiento y ni siquiera hizo el curso de género que le ordenaron”, aseguró a ANÁLISIS el abogado de la víctima. A fin de mes, asumirá la viceintendenta, que ya había completado el mandato de Fabián Cevey, condenado por corrupción en 2018.
Benítez, que en las últimas elecciones integró la lista de candidatos a senadores nacionales del peronismo, presentó la dimisión hace una semana, con fecha de finalización de mandato para el 31 de este mes.
En la nota oficial, el intendente adujo “razones estrictamente personales, de índole familiar y de salud” que le impedían continuar con sus funciones al frente del Departamento Ejecutivo.
Cabe recordar que Benítez fue condenado en abril del año pasado por el juez del Trabajo N° 4 de Concordia, Roberto Masara. La víctima, una exconcejal y empleada municipal, denunció persecución política, hostigamiento laboral y trato discriminatorio tras distanciarse políticamente de la línea oficialista del intendente.
La justicia probó que hubo un traslado compulsivo de la trabajadora, que se le suprimió de forma arbitraria parte de su salario y que se le dejaron de asignar tareas, entre otros hechos. La condena abarcó también a la secretaria de Gobierno de Puerto Yeruá, Silvia Bel.
Las sanciones impuestas fueron dos: el pago del equivalente a 13 salarios vigentes de la categoría de atención de caja de Rentas del municipio y la realización, en un plazo de 60 días, de un curso de capacitación en perspectiva de género dictado por la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER). Benítez y Bel -a quien le correspondió pagar el 20 por ciento del resarcimiento- decidieron no apelar la resolución, por lo que la condena quedó firme.
Los incumplimientos
A agosto de este año, aunque ya habían transcurrido 16 meses de la pena, Benítez no había realizado ningún pago, por lo que fue intimado a formalizar un acuerdo con la víctima. El 12 de agosto, representado por el abogado Mariano Giampaolo, firmó un convenio en el que se estableció que el monto a pagar era de 42 millones de pesos y pactó abonar un desembolso inicial de 6 millones pagaderos en los 10 días posteriores y luego un esquema de 23 cuotas mensuales hasta completar el monto total.
“Benítez no abonó ni el primer desembolso”, confirmó a ANÁLISIS el abogado concordiense Emiliano Delgado, que representa a la exconcejal denunciante. “Y pese al tiempo transcurrido, ni siquiera realizó el curso de perspectiva de género que le ordenó el juez”, acotó.
Transcurrido un año y medio de la condena, Delgado informó que denunció el incumplimiento ante el juez de la causa y que solicitó que las actuaciones se remitan al Ministerio Público Fiscal de Concordia en busca de una investigación sobre el patrimonio y los ingresos reales de Benítez, quien en su momento alegó que no podía hacer frente al pago del resarcimiento.
La vice que asumió dos veces
Benítez se desempeña como intendente de Puerto Yeruá desde 2019. Fue reelecto en 2023 y en junio del año pasado su nombre fue anunciado como candidato a diputado nacional por el peronismo, pero finalmente el cierre de listas lo colocó como primer suplente de la nómina de postulantes al Senado de la Nación -que encabezó Adán Bahl- y tuvo un rol activo en la campaña.
A fin de mes, Benítez dejará su segundo mandato en manos de la viceintendenta Liliana Sgüerzo, tal como lo establece la Ley Orgánica de Municipios.
Es la segunda vez que Sgüerzo asume en similares condiciones: ya tuvo que hacerse cargo del Departamento Ejecutivo en 2018, cuando era viceintendenta de Fabián Cevey (PJ), que renunció al cargo tras ser condenado por peculado y fraude en un juicio abreviado por hechos de corrupción vinculados a terrenos fiscales.
