Para que Rossi devuelva

La protección de su aliado, el gobernador Jorge Busti, no le alcanzó a Domingo Daniel Rossi en su propósito de huir de los reiterados reclamos sociales para que devuelva el abultadísimo patrimonio cuyo origen no pudo explicar a la Justicia. En las últimas horas se sumaron pedidos ante organismos nacionales e internacionales para que el ex vicegobernador y cuatro veces intendente de Santa Elena, condenado por enriquecimiento ilícito, devuelva al pueblo más de 5 millones de dólares, y para que organismos de las Naciones Unidas investiguen la ruta del dinero sucio en un caso que salpica a algunos de los hombres más poderosos de Entre Ríos.

A una “Justicia” benevolente con los poderosos se le está oponiendo una sociedad firme en sus convicciones. La clásica connivencia de políticos y jueces ya no da garantías de impunidad eterna: el pueblo está demandando. La reciente novedad, de que más causas por irregularidades millonarias están siendo cajoneadas por jueces amigos del poder en Entre Ríos, contrastó en las últimas horas con la decisión de ciudadanos de Santa Elena y de profesionales de otras ciudades del país, de acudir a foros internacionales para que Domingo Daniel Rossi no se quede con plata mal habida. En una palabra: para que el ladrón devuelva.

Es uno de los hombres más poderosos de Entre Ríos, junto al gobernador Jorge Busti, y la relación estrecha con el mandatario volvió a demostrarse con evidencia el año pasado, cuando Busti impulsó y concretó una ley a la medida de Rossi, para que aún condenado por la Justicia pudiera continuar al frente de la Municipalidad de Santa Elena.

Pero el esfuerzo de algunos periodistas y de muchos vecinos de aquella ciudad, cuna y sepultura de la fábrica de alimentos más grande del Litoral, para esclarecer hechos de corrupción de una gravedad sin precedentes, logró vencer la resistencia de los poderosos y Rossi fue juzgado y condenado.

Libre y con mucha plata, por la liviandad de la condena, cuando el sentido común deja suponer otra situación, Rossi conserva el poder y el aliento de sus aliados de más arriba. Pero ahora los vecinos van por más. Quieren que la Justicia complete la condena, es decir: que obligue a Rossi devolver el dinero. Y una organización no gubernamental contra la corrupción amplió el reclamo en el orden internacional.

El mimado del poder está siendo puesto contra la pared por los de al lado, por los que más sufrieron las tropelías de él y su banda. Y no lo hacen cortando rutas, no con manifestaciones callejeras, que las hubo y las hay también, sino esta vez con el peso de la ley.

Más de 5 millones

“Ciudadanos de Santa Elena se presentan porque entienden que Domingo Daniel Rossi, tres veces intendente, y la cuarta vez depuesto del cargo por haber quedado firme una condena, y una vez vicegobernador, durante el período que ejerció los cargos públicos cometió delitos por más de 5 millones de dólares, que es el monto que el condenado no pudo justificar en el juicio por enriquecimiento ilícito”, comentó a ANALISIS el abogado Luis Lemos.

Rossi fue condenado a tres años de prisión condicional, ocho de inhabilitación, la realización de tareas comunitarias, y una multa de 90.000 pesos, pero “la sentencia no se pronunció respeto del decomiso, no le reclamaron la devolución”, aclaró Lemos. “A través de la figura del Amicus curiae, los ciudadanos piden que el Juzgado se pronuncie al respecto, porque omitió ese punto, a fin de proceder a la incautación de los bienes”.

Esta semana que pasó se conocieron en verdad dos novedades en el caso: la Cámara se declaró incompetente para atender en este asunto, pero corrió vista al fiscal. Y además una organización no gubernamental llamada Centro de Investigación para la Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) sumó otra presentación, a la realizada por los ciudadanos de Santa Elena.

El CIPCE, dirigido por el doctor Pedro Vizcay, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ante las Naciones Unidas, para pedir el seguimiento de la ruta del dinero, considerando que los depósitos del ex vicegobernador estaban en la República Oriental del Uruguay.