La muerte en la que pocos creyeron
Manuel Lazo
(especial para ANALISIS)
A 10 años del escopetazo con el que Alfredo Yabrán se quitó la vida en el baño de la suite de su lujosa Estancia San Ignacio, en Aldea San Antonio, sostengo que el empresario, paradigma de la corrupción estructural de la Argentina de los 90, tenía dos planes para evitar que tras el ruido metálico de las esposas lo condujeran a la cárcel por orden del juez de Dolores, José Luis Macchi, bajo la sospecha de ser el autor intelectual de la horrible muerte del fotógrafo de la revista Noticias, José Luis Cabezas. Quienes conocían a don Alfredo afirman que éste jamás hubiera permitido que sus hijos lo vieran marchar detenido como un delincuente común. Alfredo Yabrán prefería la muerte antes de que su familia, en la que supo instalar la imagen de hombre fuerte y exitoso, viera vulnerado su poder construido desde el axioma de la impunidad según él mismo lo había definido.
Cierto es que los detalles que se conocieron inmediatamente después de la muerte de Alfredo Yabrán evidencian que el magnate telepostal había planificado todo antes de “desaparecer”. Escribió cartas, pidió a Héctor Colella que cuidara de su familia y hasta dejó 40.000 dólares a su fiel secretaria. Pero, ¿debe interpretarse esto como la firme decisión de suicidarse? Para comprender la teoría de un Plan B, que bien pudo haber sido la fuga, es necesario detenerse en el momento preciso en que Alfredo Yabrán presionó el gatillo de su escopeta 12/70 en el baño de la suite de la Estancia San Ignacio. Los funcionarios policiales revisaron todo, hasta los galpones de la estancia, y en el casco conversaron extensamente con Leonardo Aristimuño del mismo modo que antes lo habían hecho con el capataz Gervasoni.
Podría sostenerse que la comisión policial ya se estaba retirando con resultados negativos. Hasta ahí, Alfredo Yabrán aún estaba vivo, tensionado, con el oído puesto en los diálogos que podía escuchar y probablemente con el martillo de la escopeta montado y listo para disparar.
Todo se desencadenó cuando alguien advirtió que la puerta de la habitación tenía la llave puesta del lado de adentro. Al comisario Miguel Cosso le desagradó que alguna vez dijera que quizás la muerte del empresario se hubiera podido evitar si los funcionarios no hubieran actuado desde su naturaleza de policías y hubieran reemplazado ésta por una acción psicológica. Por ejemplo, llamarlo aparte a Leonardo Aristimuño y pedirle que convenciera a Yabrán de que se entregara. Sin embargo, el planteo no debe interpretarse como la carga de la responsabilidad de esa muerte a la Policía. El policía actúa desde ese lugar como el periodista lo hace desde esa, su condición.
Pero el detalle no es menor. La apertura de esa puerta, detrás de la cual estaba el hombre más buscado del país, y el escopetazo sonaron al unísono.
¿Cómo hubiese sido el final de esta historia si los policías se retiraban sin ingresar a la suite? La pregunta no tiene respuesta. Yabrán se la llevó a la tumba.
La trágica decisión de ponerle fin a su vida, minutos después de las 13 horas del 20 de mayo de 1998, fue también el modo extremo de un hombre fronterizo, de no entregarles un triunfo a dos de sus enemigos: Eduardo Duhalde, por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Domingo Felipe Cavallo, ministro de Economía de Carlos Menem.
El gobernador bonaerense, a pocas horas del asesinato de José Luis Cabezas, implícitamente había invertido la carga de la prueba al sugerirle públicamente a Alfredo Yabrán que se buscara un buen abogado y hasta se sostiene que personalmente fue quien convenció a uno de los cuatro ladrones de poca monta de la banda “Los Horneros”, Miguel Retana, para que declarara en la causa reconociendo su participación en el crimen de la cava a 11 kilómetros de Pinamar. Por el asesinato, se había detenido también a Horacio Braga, Sergio Gustavo González, José Luis Auge y al oficial inspector de la Bonaerense, Gustavo Prellezo. Éste último, esposo de quien terminó incriminando a Yabrán, Silvia Belawsky, también policía a la que se le comprobó que un mes y medio antes del crimen había averiguado antecedentes de Cabezas en un trabajo de inteligencia sobre el cronista que involucraba también a otros dos policías: Sergio Cammarata y Aníbal Luna.
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