Una cuestión de verdades anónimas
H. G.
(especial para ANALISIS)
A pocos minutos de amanecer, dos jóvenes amigos, transitoriamente empleados del Consejo General de Educación (CGE), uno como contratado y el otro como personal pasante, ingresan al palacio administrativo como cualquier otro día normal, al igual que la numerosa cantidad de personas que concurren al edificio a comenzar su tarea diaria. Esta vez, a su paso, se encuentran con una neblina de volantes anónimos que caen desde el último piso por el vacío de las escaleras y se estacionan adecuadamente sobre los pasillos y ascensores para que puedan ser observados por todos los transeúntes. Su ingenua curiosidad los obliga a levantar, en principio, uno de ellos para realizar una grácil y sutil lectura, pero con el correr del tiempo los inunda la preocupación por su contenido, el temor de que alguien los haya visto y el miedo por enfrentarse luego a sus superiores, más grave aún si estos llegaran a saber que ellos pusieron especial atención a la denuncia anónima.
El indiscreto impreso contenía los nombres y apellido de más de 30 personas, con sus respectivos números de documento y la cantidad de meses en los que han cobrado salario familiar indebido, a partir de habérseles liquidado un retroactivo por hijo discapacitado. Agrega que “gracias a estas personas deshonestas no podemos tener aumentos de sueldos, horas extra ni adicional”, entre otras mejoras salariales, como dando a entender que los subscritores anónimos son de la casa, personal docente y/o administrativo vinculado con el sistema educativo central.
Se imputa de ser los principales cabecillas de la irregular y deshonesta liquidación a Sergio Medina y Aníbal Nores. Se piensa en los pasillos que el primero, liquidador del área de salario familiar, puede haber sido el ejecutor de las maniobras delictivas, mientras que el otro es un ordenanza que se encargaba de buscar a los participes voluntarios o involuntarios, que supuestamente daban sus nombres y números de documento para poder realizar el desagradable peculado, delito económico, fraude al Estado y a sus compañeros de trabajo, desfalco, malversación de fondos públicos, connivencia dolosa, asociación ilícita, etcétera, como cada uno pueda interpretar o quisiera calificar a la nefasta manera de obtener un sobresueldo.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
