Los enemigos de mi enemigo
Antonio Tardelli
La oposición permanece entrampada por las movidas del gobierno, que avanza como si hubiera salido airoso de las elecciones de junio, se las ingenia para poner en apuros a sus confundidos adversarios. Dos iniciativas oficiales, las proyectadas leyes de Arrendamiento y de Servicios de Comunicación Audiovisual, despiertan en grupos no kirchneristas un rechazo más vinculado a su procedencia que a su contenido. Los opositores que se ilusionan con retornar al poder no logran articular un conjunto de ideas mínimamente atractivo. Enfrentan a los Kirchner replegándose en una cerrazón que erróneamente los lleva a emparentar este momento con otros escenarios históricos diametralmente distintos.
La administración de Cristina Fernández está abarrotada de defectos, vicios e hipocresías. Pero su opción política no es idéntica a la del menemismo y su naturaleza, aunque suene obvio, es diferente de la de los regímenes de facto. Determinadas figuras opositoras sueltan su lengua con la misma ligereza con que la jefa de Estado equipara desaparecidos con goles. Hace una década, cuando se derrumbó el menemismo, sus adversarios se alzaron con la administración para de inmediato defraudar con una copia ineficaz. ¿Qué piensan hacer ahora si la autodestrucción oficialista los conduce al gobierno?
Cuando en 2008 el Congreso recobró protagonismo, al calor del debate suscitado alrededor de los derechos de exportación de los productos agropecuarios, se generó la sensación de que era la política lo que ingresaba en una fase de recuperación. Pero entre otras cosas la política comporta una instancia de decisión que debe elevarse por encima de intereses sectoriales muchas veces ganados por tentaciones corporativas. La oposición, que en términos de construcción electoral se articuló habilidosamente con la protesta agraria, se muestra hora encorsetada en una táctica cortoplacista. Sus acciones están guiadas por la lógica que convierte en amigo al enemigo del enemigo.
El proyecto de ley que procura derogar la Ley de Radiodifusión se topa con un bloque que, en lo discursivo, exagera las tendencias autoritarias del gobierno.
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