El precio de reclamar

Jorge Riani
“Gualeguachú es causa nacional”. La frase lanzada con énfasis por parte del entonces presidente Néstor Kirchner aquel 5 de mayo de 2006, desde el palco instalado en el corsódromo, generó la reacción efusiva de toda una comunidad que bregaba porque el río común con el Uruguay no quede expuesto a la contaminación de las fábricas de pasta de celulosa.
Sin embargo, nadie imaginó que de la “causa nacional”, no quedarían más que las denuncias que el gobierno kirchnerista realizó contra los asambleístas por diversos hechos.
Jorge Fritzler, Osvaldo Fernández, Cristina Brenta de Limba, Víctor Limba, José Gómez, Paola Robles, son algunos de los nombres de los diez asambleístas que quedaron involucrados en los expedientes iniciados a partir de una denuncia promovida por el gobierno nacional y formulada por el entonces ministro del Interior y actual senador nacional, Aníbal Fernández.
La causa contra los diez asambleístas sigue abierta. Se trata de la causa que más difusión pública tuvo y llegó a la Cámara Federal de Paraná, que debió tratar una apelación interpuesta por el fiscal respecto a una resolución del juez federal Gustavo Pimentel, entonces a cargo, quien no procesó a los asambleístas.
Las causas se encuentran en trámite y fue originada en momentos en que aún estaba el corte de la ruta 136. Fue precisamente promovida por el Poder Ejecutivo Nacional para desactivar –lo que terminó logrando– el corte de la ruta internacional que une Gualeguaychú con el puente binacional hacia Fray Bentos. Hay que recordar que el corte se prolongó por más de 2 años y medio.
Para reseñar la judicialización del conflicto, hay que comenzar por recordar que para poner punto final al corte de ruta, el gobierno promovió una denuncia a través de la Procuraduría General del Tesoro, por entonces a cargo de Joaquín Da Rocha, quien a instancia de un decreto del Ejecutivo nacional formuló la denuncia y una querella ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Las denuncias eran de gran calibre: más de diez delitos se invocaban en la presentación, entre ellos sedición, interrupción de los medios de comunicación y hasta atentado a la democracia.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS del jueves 22 de Noviembre de 2012)