Las desprolijidades del presidente

En casi dos años de mandato, el presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Diego Lara, demostró no estar preparado para la función. Son numerosos los expedientes administrativos de la gestión anterior que, por falta de conducción política, dejó prescribir, por lo cual el Estado entrerriano no podrá recuperar económicamente lo que perdió por el daño de los funcionarios en cuestión. Lara, que tiene un sueldo de 7.500.000 pesos mensuales en la mano, sigue haciendo inversiones millonarias en campos y ganado y no deja de preocuparle el avance de la causa de los contratos truchos legislativos, porque era uno de los que cobraba mensualidades a nombre de diferentes personas de María Grande.
Daniel Enz
Diego Lara es un funcionario que ahora no habla. Que no da explicaciones. No es como en sus tiempos polémicos de intendente de María Grande o de diputado provincial urribarrista. Hace remarcar en los comunicados de prensa del Tribunal de Cuentas que su organismo va creciendo en “modernización” y es un ejemplo de “transparencia, trazabilidad y eficiencia en los procedimientos administrativos y juicios de cuenta en trámite”, pero en los últimos dos años creció como nunca el número de expedientes de diferentes organismos de gobierno que prescribieron por falta de acción y conducción. Y ello, como se sabe, provoca un claro daño económico al Estado entrerriano, porque no se puede recuperar lo que se perdió por irregularidades cometidas por exfuncionarios de la gestión anterior. El propio Lara recibió el reclamo pertinente desde las altas esferas de la Gobernación -cuando fue recibido por Rogelio Frigerio-, pero no modificó las prácticas y hay quienes sostienen que no le interesa demasiado, porque entiende que el lugar de presidente del organismo de control “se lo ganó justamente”, tiene “estabilidad” y “nada ni nadie” puede hacerlo preocupar en esa oficina de privilegio que se hizo equipar en calle Andrés Pazos. Lara cobra un sueldo mensual de 7.500.000 pesos en mano, circula en una camioneta de 53 mil dólares (que es del organismo, pero la usa como un vehículo personal) y no deja de hacer negocios en campos, ganado y otras inversiones inmobiliarias.
Los movimientos del exintendente no deberían sorprender a nadie. Nunca fue un referente destacado de la política de la zona y ha tenido roles lamentables en su trayectoria reciente. En su paso por el municipio de María Grande, se lo recordará por atacar de modo artero la historia de su pueblo: primero, echando a una fosa común los restos de sus pioneros y fundadores y luego, por incinerar 1.000 libros de la Biblioteca Pública del lugar, en octubre de 2006.
Como diputado provincial fue un referente clave del entonces gobernador Sergio Urribarri y siguió en ese rol de cercanía con Gustavo Bordet en su primer mandato. En ese entonces, Urribarri presidía la Cámara de Diputados y fue cuando estalló el escándalo de los contratos truchos legislativos, que había sido anticipado varios meses antes por este medio cuando se reveló la lista de beneficiados en Maciá del exdiputado provincial Ricardo Troncoso (UCR-Tala), quien no solamente le pegaba a gente que no trabajaba sino que, además, se quedaba con buena parte de los ingresos de sus empleados. Eran situaciones irregulares, pero no formaban parte del esquema aceitado y diagramado que tenía la banda capitaneada -en el segundo orden de jerarquía- por el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, siguiendo las órdenes concretas del marido de su hermana, que había quedado como único jefe de ese desvío millonario de dinero público. Esa jefatura del exgobernador y la fuerte relación con Lara, hizo que el hoy presidente del TdC sea uno de los preferidos y por ende se vio beneficiado con numerosos contratos. Lara cobraba en ventanilla del Banco de Entre Ríos por lo menos 12 contratos mensuales de gente con domicilio en María Grande, pese incluso a que alguno de ellos, a la vez, era empleado de organismos del Estado o del municipio de la localidad. La vez que se le preguntó al respecto, siempre dijo lo mismo: “Era por pedido de Urribarri. Solamente me daban un escaso porcentaje a mí”. Lo extraño del caso fue que todos esos contratados eran de María Grande y no de otra localidad. Hay quienes sostienen que buena parte de ese dinero sirvió para inversiones inmobiliarias, campos y ganado bovino, tanto en la zona de María Grande, como así también en otros lugares. "Pero no se van a poder enterar. Las cosas se hacen con testaferros y amigos fieles", fue la explicación. Lara siempre tuvo un promedio de 400 cabezas de ganado desde hace varios años, en los establecimientos Don Félix y El Payador, ahí su jurisdicción. Cada bovino sale unos 600 mil pesos, según la categoría. Y cada ternero cuesta unos 400 mil pesos cada uno y se generan cerca de 200 por año.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1152, del día 18 de julio de 2024)