El juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la detención del comisario de la Policía Federal Jorge Muñoz, el suboficial de la bonaerense Carlos Alberto Azzaro y el teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, imputados por la Masacre de la calle Juan B. Justo, de dicha ciudad bonaerense, en la cual fueron asesinados los nogoyaenses Omar D. Amestoy, María del Carmen Fettolini de Amestoy y sus hijos María Eugenia Amestoy de cinco años y Fernando Amestoy de tres años, junto a Ana María Granada, compañera de Gastón Gonçalves. El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 1976, fue un operativo conjunto del Ejército y la Policía Bonaerense. Durante varios años en la década del '70, Amestoy estuvo al frente del Registro de la Propiedad del Automotor de Nogoyá y era una persona muy querida en tal población, por lo cual su sepultura congregó a una multitud en el cementerio de esa ciudad y en plena dictadura.
El único sobreviviente fue Manuel Gonçalves, que tenía cinco meses, quien fue recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo y es hermano de Gastón (h), integrante de la banda de rock “Los Pericos”. Esta causa es paralela a la que se instruye por la desaparición de Gastón Gonçalves, en la que se encuentra imputado el ex subcomisario Luis Patti.
Los imputados, que fueron detenidos ayer, son el comisario de la Policía Federal Jorge Muñoz, el suboficial de la bonaerense Carlos Alberto Azzaro y el teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, que fue el jefe del área militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás entre 1975 y 1977. Saint Amant es el principal responsable de la represión ilegal en esa ciudad y deberá responder también ante la Justicia por el homicidio del obispo Carlos Ponce de León y por el secuestro y asesinato de Carlos Benjamín Santillán y María Cristina Lanzillotto, cuyos restos fueron recientemente reconocidos por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Saint Amant, de 72 años, está imputado además por 147 desapariciones, 27 secuestros y por torturas, robos y apropiaciones de menores. Entre 1979 y 1981 fue agregado militar en la Embajada Argentina en Perú y también está sospechado de la desaparición de ciudadanos argentinos en el marco del Plan Cóndor. “Estamos exigiendo desde junio del año pasado una serie de medidas en las dos causas, una de ellas era la detención de estos tres represores, pero sigue pendiente la indagatoria y encarcelamiento que solicitamos respecto de Patti, Fernando Meneghini y Omar Marelli por el caso de Gastón (Gonçalves)”, explicó la abogada Ana Oberlín, integrante de la Agrupación H.I.J.O.S regional Rosario.
Florencia Amestoy, sobrina y prima de quienes fueran asesinados, integrante de la Agrupación H.I.J.O.S Regional Paraná, y militante de FADEN (Familiares y Amigos de Desaparecidos y ex Detenidos de Nogoyá) señaló: “lo que está sucediendo nos llena de fuerzas y nos da un respiro ante esta impunidad que tanto nos ahoga y ya casi no nos deja hablar. Pero creemos que esto no termina acá”.
Asimismo remarcó que “Saint Aman, Muñoz y Azzaro y muchos más tendrían que haber estado tras las rejas desde hace muchos años, hoy esto podría ser una posibilidad, pero exigimos que éste y todos los genocidas, sus cómplices e instigadores estén tras las rejas en cárceles comunes y efectivas, porque no queremos ningún tipo de beneficio para esas ratas que entregaron, secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a 30.000 compañeros. La lucha sigue, no vamos a abandonarla hasta que cada una de las ratas salgan de sus cuevas, ésta lleno de ellas, sólo es cuestión de buscarlas y recordarles que sabemos muy bien lo que hicieron”.
Para finalizar recalcó que “lucharemos hasta el cansancio para exigir justicia por vos Omarcito, Pochi, Fernandito y Maria Eugenia... porque no pueden quedar impunes sus muertes, sus inocencias robadas... ustedes no están muertos siguen vivos en nuestra memoria”.
La subsecretaria de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho, señaló que "estas citaciones son un importante avance para hacer justicia en nuestro país y para que se vea a todas luces que se trataba de un plan sistemático de exterminio que se aplicaba en cualquier centro urbano, fuera grande o pequeño".
La causa es la misma por la que el fiscal Juan Patricio Murray pidió la detención del ex subcomisario Luis Abelardo Patti, quien se desempeñaba como oficial subinspector en la comisaría de Escobar, donde Goncalves fue visto por última vez. Si bien por el momento el juez desestimó el pedido, la situación derivó en un planteo para impugnar la candidatura de Patti como diputado nacional que se analiza actualmente en la Cámara baja.
Saint Amant, de 72 años, era Jefe del Area Militar 132 y Jefe del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás entre 1975 y 1977 y también está implicado en el homicidio del obispo de esa ciudad Carlos Horacio Ponce de León.
Asimismo, está imputado en 147 desapariciones forzada de personas, 27 privaciones ilegitimas de libertad y torturas, saqueos y apropiaciones de menores. Entre 1979 y 1981 fue agregado militar en la Embajada Argentina en Perú y está sospechado de la desaparición de varios ciudadanos argentinos en el marco del Plan Condor.
Por su parte, Muñoz era Jefe de la Delegación San Nicolás de la Policía Federal Argentina con el grado de comisario, mientras Azzaro era numerario de la Unidad Regional de Policía de esa misma ciudad Nicolás con el grado de agente.
